Por Isahaí Abraham Vázquez Molina
Nos dijeron que era por nuestra seguridad. Desde el 9 de enero, millones de mexicanos formaron filas, subieron la foto de su INE y entregaron su nombre, su CURP y su número a las compañías telefónicas. Al corte de octubre, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, presume 96 millones de líneas vinculadas, el 80.3% de lo previsto. La pregunta incómoda es sencilla: si el candado ya cubre a cuatro de cada cinco líneas, ¿por qué siguen sonando los teléfonos de las víctimas?
Porque la extorsión no se detuvo. Tras el anuncio de la estrategia federal, las denuncias diarias por extorsión pasaron de 349 a 647, según el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Podrá decirse que más denuncias significan más confianza. Puede ser. Pero entonces la medida estrella tampoco ha demostrado reducir el delito que prometió combatir.
Conviene precisar la cifra: ese 80.3% no se mide sobre los 146 millones de líneas móviles que existen en el país, sino sobre unos 120 millones, pues la CRT descuenta cerca de 25 millones que considera en desuso. Sobre el universo completo, el avance ronda el 66%. No es un detalle menor: el número que se presume es el más favorable de los dos.
El registro que el delincuente esquiva
Cuando llegó la hora de registrarse, un usuario descubrió que tenía 11 líneas a su nombre sin haberlas solicitado. Ese es el rostro real del problema: el ciudadano honesto, obligado bajo amenaza de perder su servicio; el delincuente, con chips a nombre de terceros e identidades robadas. Se estima que cerca del 90% de la extorsión telefónica se origina en el interior de los penales, donde los celulares suelen estar registrados a nombre de prestanombres. Se registró al que no delinque y se dejó intacto el negocio de quien sí.
Además, especialistas advirtieron que el reciclaje de números puede vincular a una persona con líneas que ya fueron usadas en fraudes o que arrastran adeudos ajenos. Es decir: nuestros datos no solo se entregaron; pueden terminar atados a la historia sucia de otro.
¿Y el control?
Seamos justos: la CRT afirma que no existe un padrón centralizado y que cada empresa resguarda la información. Pero resguardar no es lo mismo que proteger. Hoy los datos viven en empresas privadas, y no hemos olvidado las filtraciones de bases de datos en este país. Y hay memoria: el Renaut de 2009 y el Panaut de 2021 fueron antecedentes del mismo intento. Tres padrones en menos de dos décadas, la misma promesa y la misma extorsión.
Desde la mirada ignaciana
San Ignacio nos enseñó a discernir: mirar la realidad sin ingenuidad ni cinismo. Y la cura personalis nos recuerda que cada persona importa. Una política pública que trata a cada ciudadano como sospechoso potencial, y no como sujeto de cuidado, merece ser cuestionada. No se trata de rechazar toda medida, sino de exigir cuentas: ¿Qué resultados hay?, ¿Quién audita a las compañías?, ¿Qué pasa si mis datos se filtran?, ¿Por qué no se ataca primero el origen: los penales y la corrupción que deja entrar los teléfonos?
Protestar, en clave jesuita, no es gritar: es documentar, preguntar y no ceder la conciencia. Que nos expliquen, con datos abiertos, cuánta extorsión ha bajado gracias al registro. Si la respuesta es «ninguna», entonces la pregunta de fondo sigue en pie: ¿Para qué querían nuestros datos?
Isahaí Abraham Vázquez Molina
Comunicólogo especializado en comunicación social, política, riesgos y desastres
