- La regulación de las audiencias abre un debate de fondo: ¿proteger al ciudadano o darle al Estado un mayor poder sobre los contenidos informativos?
Autor: @TonyMichoacán
Hay una pregunta muy sencilla que todos deberíamos hacernos antes de hablar de leyes, reglamentos o comisiones: ¿quién debe decidir lo que puedes ver, escuchar o leer?
¿Tú, como ciudadano libre? ¿O una autoridad que considere que necesita protegerte de determinados contenidos?
Ese es el verdadero debate que hoy tenemos en los tiempos estelares de la 4T, sobre los nuevos lineamientos en materia de telecomunicaciones y “los derechos de las audiencias”. No se trata únicamente de una discusión jurídica. Se trata de una discusión sobre la libertad.
Porque cuando el Estado comienza a establecer criterios sobre cómo deben presentarse las noticias, cuándo una opinión debe ser advertida, cómo debe interpretarse un contenido o bajo qué parámetros puede ser sancionado un medio, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿quién será el árbitro de la verdad?
Nos dicen que el objetivo es proteger a las audiencias. Suena bien. Nadie podría estar en contra de que existan medios responsables, información verificable y códigos de ética. El problema nunca está en las buenas intenciones. El problema aparece cuando esas buenas intenciones se convierten en facultades para intervenir en los criterios editoriales de los medios de comunicación.
Porque una cosa es promover buenas prácticas y otra muy distinta abrir la puerta para que una autoridad determine cuándo un contenido es “aceptable” y cuándo merece “una sanción”.
Pensemos en algo tan cotidiano como una mesa de análisis de amigos periodisas, de esas que hay en los medios en Morelia.
Un conductor puede afirma que la economía mexicana crece por debajo de lo esperado la deuda externa creció a niveles sin precedentes. Otro responde que las cifras muestran una recuperación. Un tercero sostiene que las políticas públicas están dando resultados. Otro se lanza a defender los gastos en programas sociales. Todos exponen argumentos distintos sobre un mismo tema.
Ahora imaginemos que una autoridad debe decidir si esas expresiones constituyen información, opinión o una mezcla de ambas. ¿Dónde termina el dato y comienza la interpretación? ¿Existe una línea objetiva que pueda aplicarse por igual a todos los casos?
La respuesta es evidente: no.
El periodismo nunca ha sido una ciencia exacta. Desde el momento en que un editor decide cuál noticia abrirá la portada, qué declaraciones destacar o qué preguntas formular en una entrevista, existen criterios editoriales. Eso no significa manipulación; significa ejercer la libertad de informar.
Por eso preocupa que conceptos tan abiertos puedan convertirse en herramientas de presión sobre los medios.
No porque hoy exista necesariamente la intención de censurar (como asegura Sheinbaum), sino porque las leyes no se construyen para un solo gobierno. Permanecen para los que vendrán después. Y cualquier facultad mal definida puede terminar utilizándose de maneras que originalmente nadie imaginó.
La historia demuestra que muchas restricciones a las libertades comenzaron justificándose con objetivos nobles: proteger, ordenar, regular, garantizar derechos. El problema aparece cuando esas facultades terminan utilizándose para inhibir voces incómodas, generar autocensura o imponer criterios oficiales sobre asuntos que deberían permanecer en el ámbito de la libertad editorial.
Y aquí surge otra pregunta.
Si un gobierno puede revisar el trabajo de los medios, ¿quién revisará el trabajo del gobierno?
¿Aplicarán exactamente los mismos criterios a las conferencias de prensa? ¿Las declaraciones de los funcionarios deberán distinguir claramente entre datos y opiniones? ¿Existirá el mismo nivel de escrutinio para los mensajes gubernamentales?
Porque la objetividad no puede exigirse únicamente a quienes cuestionan al poder.
El mejor juez de un medio de comunicación nunca ha sido un comité ni una oficina gubernamental. Siempre han sido las propias audiencias.
Si un periodista pierde credibilidad, la gente deja de verlo.
Si un medio manipula la información, tarde o temprano los ciudadanos buscan otras fuentes.
Si un comunicador miente de manera sistemática, termina pagando el costo ante el público.
Y la verdad es que es un mecanismo —imperfecto, sí, pero profundamente democrático— que ha funcionado durante décadas sin necesidad de que un burócrata determine qué merece ser escuchado y qué debe llevar una advertencia.
Vivimos una época en la que cualquiera de nosotros podemos contrastar información en segundos, consultar múltiples fuentes y formar su propio criterio. Tratarnos a los ciudadanos como si fueramos tontos y necesitaramos que el Estado les explique qué pensar o cómo interpretar cada contenido resulta, cuando menos, una visión profundamente paternalista.
La libertad de expresión no protege únicamente el derecho de quien habla.
Protege, sobre todo, el derecho de cada ciudadano a decidir por sí mismo qué escuchar, qué creer, qué cuestionar y qué desechar.
Porque el día que alguien más empiece a decidir por nosotros qué contenidos son aceptables, habremos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en simples espectadores, simples titeres de una realidad previamente filtrada por el poder.
Y esa decisión, por pequeña que hoy parezca, siempre merece ser discutida con la mayor seriedad.
Veremos que pasa…
