Círculo Rojo
Por Isahaí Abraham Vázquez Molina
Hay tragedias que arden literalmente y tragedias que arden en silencio institucional. La de Krem-1, el pozo exploratorio de Pemex en la sierra de Las Choapas, Veracruz, es ambas cosas a la vez.
Desde que el pozo sufrió dos explosiones durante los trabajos de perforación a más de tres mil metros de profundidad, la comunidad de Nacimiento y más de veinte localidades vecinas conviven con un incendio que, meses después, sigue sin apagarse del todo. Los ejidatarios hablan de arroyos contaminados, de aves que caen muertas cerca del pozo, de una cortina de humo que irrita la garganta con solo acercarse. Más de diez mil personas siguen esperando que alguien —Pemex, el gobierno estatal, el federal— trate esto como lo que es: una emergencia ambiental y de salud pública que ya lleva meses sin resolverse, no un percance técnico que se atiende con una brigada de salud rotativa.
Como comunicólogo especializado en riesgos y desastres, me resulta imposible no señalar la desproporción: mientras una comunidad entera respira humo y ve morir su ganado y sus arroyos, la conversación pública nacional se ha llenado, esta misma semana, de otra cosa. La Presidencia presentó los avances de un certamen de canto binacional, con la participación honorífica de un cantante de música urbana cuya obra, hasta donde yo alcanzo a apreciar, no aporta gran cosa a la discusión de fondo que México necesita tener sobre paz, violencia y salud mental. Se nos vende como estrategia cultural contra la narcocultura; a mí me parece, más bien, la administración de la atención pública: un escenario que compite —y gana— contra el humo de un pozo que no se apaga.
No es casualidad. Es un patrón. Y en Michoacán lo vivimos de manera muy concreta.
En lo que va de este año, municipios como Zinapécuaro, Ario de Rosales, Zitácuaro, Pátzcuaro, Tepalcatepec, Zamora, Queréndaro y Morelia han registrado, de forma reiterada, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y despliegues militares que se han vuelto noticia casi rutinaria. No hablo de hechos aislados: hablo de una geografía de la violencia que se repite mes tras mes en la región oriente y en la Tierra Caliente, sin que el discurso oficial logre traducir esa recurrencia en resultados sostenidos de pacificación. Cuando la violencia se vuelve previsible y, aun así, no hay una estrategia que la revierta, ya no estamos hablando de hechos aislados: estamos hablando de un patrón que el aparato de gobierno no ha logrado —o no ha querido— romper.
Lo digo también desde algo más cercano. Esta misma semana, una prima que está de visita en Zitácuaro me contó que antenoche, a una cuadra de su casa, se registró una balacera que no apareció ni en los reportes oficiales ni en la cobertura de los medios locales. No lo presento aquí como una nota confirmada —no lo es—, sino como lo que en realidad ilustra: la distancia cada vez más amplia entre lo que la gente escucha desde su ventana y lo que las autoridades deciden que merece hacerse público. Esa brecha, multiplicada por miles de familias en decenas de municipios, es en sí misma un síntoma de la falta de seriedad con la que se atiende la violencia en Michoacán.
En ese contexto, la propuesta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de desaparecer las policías municipales y transferir la seguridad a la Guardia Nacional merece una lectura más honesta que la de “modernización institucional”. Como bien han señalado especialistas en la materia, el argumento de que las corporaciones locales son “el eslabón más débil” ignora que buena parte de esa debilidad es resultado directo del abandono presupuestal: la desaparición del subsidio federal FORTASEG en 2021 dejó a los municipios sin recursos para profesionalizar, equipar y pagar dignamente a sus policías. Proponer que desaparezcan, en lugar de fortalecerlas, no es una solución técnica: es la forma más cómoda de dejar de hacerse cargo. Es trasladar la responsabilidad de la seguridad local a una corporación federal, y con ella, la obligación de rendir cuentas a los municipios que hoy viven la violencia en carne propia.
Lo que Krem-1, el certamen musical y el debate sobre las policías municipales tienen en común es una misma lógica: cuando el problema es demasiado grande, incómodo o costoso de resolver, se cambia el tema. Se nos ofrece un escenario, un aplauso, una promesa de reforma administrativa, mientras el ecocidio sigue ardiendo, los enfrentamientos siguen sumando comunidades atrapadas en el fuego cruzado, y las causas estructurales de la inseguridad —pobreza institucional, desapariciones, salud mental colectiva rota por años de miedo— quedan, otra vez, para después.
El país se hunde en violencia, faltan medicamentos en los centros de salud, la gasolina golpea cada semana el bolsillo de las familias y el mandado ya no alcanza —y aun así, la atención de la Presidencia parece concentrada en su espectáculo musical antes que en el pueblo al que debe servir. Esto ya rebasó lo indignante: es una burla descarada hacia millones de mexicanos que no tienen margen para distraerse con un escenario, precisamente porque son quienes menos tienen.
Desde una lectura ignaciana y de teología de la liberación, esto es lo que esa tradición llamaría pecado estructural: no un acto aislado de mala fe, sino un entramado de decisiones y omisiones que normaliza el sufrimiento de las mayorías mientras el poder cuida su imagen. Gustavo Gutiérrez hablaba de la opción preferente por los pobres como el criterio para juzgar cualquier decisión pública: no qué tanto beneficia a quienes ya tienen voz, sino qué hace por quien no la tiene. Bajo ese criterio, un gobierno que produce un certamen musical mientras el pueblo hace fila por medicamentos que no llegan, no está gobernando: se está burlando de su propio pueblo crucificado, esa imagen que Ignacio Ellacuría —jesuita asesinado por señalar precisamente esto en El Salvador— usaba para nombrar a las mayorías empobrecidas que cargan el costo de las decisiones de otros. El padre Pedro Arrupe insistía en que ser “hombres y mujeres para los demás” exige mirar primero a quien sufre, no a quien aplaude; y la cura personalis —el cuidado de la persona entera, no de su aprobación en encuestas— es justo lo contrario de gobernar de cara al rating. Un pueblo que no puede completar el mandado no necesita un show. Necesita que alguien, con la seriedad que exige el cargo y la opción radical por quien menos tiene, se siente a resolver lo que le duele.
La comunicación de riesgos no debería ser un ejercicio de relaciones públicas. Debería ser, ante todo, un compromiso con la verdad incómoda: decirle a la gente lo que está pasando, aunque no haya reflectores ni cantante invitado. Las comunidades de Las Choapas no necesitan un concurso de talento. Necesitan que alguien apague el pozo. Las comunidades de Zinapécuaro, Ario de Rosales y Zitácuaro no necesitan una reforma que borre a sus policías del mapa. Necesitan que alguien, por fin, se haga cargo.
Isahaí Abraham Vázquez Molina es comunicólogo especializado en Riesgos y Desastres.
