Autor: Tony Michoacán
Durante décadas, el viejo PRI entendió una regla básica de supervivencia política: cuando un personaje se convertía en un riesgo para el sistema, había que aislarlo, sacrificarlo o procesarlo políticamente antes de que contaminara al régimen completo.
No era moralidad.
Era instinto de conservación.
Y quizá por eso el PRI sobrevivió tanto tiempo. Porque era un animal político de cien cabezas. No dependía de un solo hombre, ni de un caudillo intocable. El sistema podía perder gobernadores, líderes regionales o figuras nacionales… y aun así seguir funcionando.
Hoy, en cambio, el gran dilema de Morena parece ser exactamente el contrario: proteger a cualquier costo todo aquello que pueda acercar políticamente responsabilidades hacia el núcleo del obradorismo.
Y eso comienza a convertirse en un problema estructural.
Los casos ya son demasiados como para reducirlos a “golpeteo mediático” o simples ataques de la oposición. Ahí están las investigaciones y acusaciones públicas provenientes del Gobierno de los Estados Unidos contra figuras del poder político en Sinaloa, incluyendo señalamientos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Senador de la República, Enrique Inzunza y otros integrantes de esa estructura estatal, dos de los cuales ya se entregaron a las Autoridades norteamericanas.
Más allá del desenlace jurídico, el daño político ya existe.
Porque el problema no es solamente la acusación en sí. El problema es la percepción acumulativa de que Morena enfrenta cada vez más escándalos sin que aparezcan consecuencias políticas reales para personajes de alto nivel.
Y esa diferencia empieza a contrastar incluso con gobiernos priistas que históricamente fueron señalados por corrupción.
Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, vimos fotos rodeado de Gobernadores, pero también vimos caer y terminar en prisión a esos gobernadores como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Roberto Sandoval (Nayarit), Andrés Granier (Tabasco), Jorge Juan Torres (Coahuila), Humberto Moreira(Coahuila), Roberto Borge (Quintana Roo), Mario Villanueva (Quintana Roo), Rodrigo Medina de la Cruz (Nuevo León), Cesar Duarte (Chihuahua), Javier Duarte (Veracruz), bueno… hasta Jesús Reyna de Michoacán.
El PRI entendió algo elemental: había momentos donde sacrificar piezas era indispensable para evitar que el desgaste alcanzara a todo el sistema político.
Nunca vimos a Peña Nieto salir diariamente a exigir “pruebas” para defender políticamente a esos personajes. El mensaje era otro: el sistema debía deslindarse antes de hundirse con ellos.
Hoy pareciera ocurrir exactamente lo contrario.
Escándalos como Segalmex, el saqueo más grande de la historia de México llamado “Huachicol fiscal”, las acusaciones de vínculos criminales en distintos estados y los señalamientos recurrentes contra estructuras locales de Morena, comienzan a acumularse peligrosamente sobre el movimiento obradorista.
Y aun así, prácticamente ningún funcionario de primer nivel ha terminado enfrentando consecuencias equivalentes.
Eso alimenta una percepción cada vez más delicada: que Morena no actúa para proteger al movimiento… sino para proteger el legado político de Andrés Manuel López Obrador.
Porque el obradorismo construyó algo muy distinto al viejo PRI.
El PRI era institucional.
Morena es profundamente personalista.
El PRI podía sobrevivir a la caída de gobernadores porque el sistema estaba diseñado para continuar. Morena, en cambio, sigue dependiendo enormemente de la figura moral, simbólica y política de su fundador.
Y ahí aparece el verdadero dilema.
Cada nuevo escándalo ya no golpea únicamente a funcionarios específicos; comienza a acercarse peligrosamente al corazón narrativo del movimiento: la promesa de superioridad moral frente al viejo régimen.
Por eso la defensa política se vuelve tan intensa.
Por eso cualquier señalamiento importante genera reacciones inmediatas desde el poder.
Y por eso el gobierno parece más enfocado en contener el daño narrativo que en marcar distancia política.
Pero la historia mexicana demuestra algo brutalmente simple: ningún movimiento es invencible cuando comienza a normalizar el desgaste acumulativo.
El PRI cayó no por un solo escándalo, sino por la suma de excesos, corrupción, crisis económicas y pérdida de credibilidad.
Y quizá la pregunta más incómoda para Morena empieza a ser precisamente esa:
¿hasta dónde vale la pena defender cuadros, estructuras y narrativas… si el costo termina erosionando al propio movimiento?
Porque tarde o temprano la actual presidenta tendrá que (aunque lo niegue) enfrentar un dilema político de fondo:
¿salvar al líder…
o salvar al movimiento?
Y al paso que vamos… lo veremos muy pronto.
