Por Isahaí Abraham Vázquez Molina
Esta semana, un elemento de la Policía Municipal de León, Guanajuato, perdió la vida en el Distribuidor Vial Juan Pablo II. No voy a describir lo ocurrido ni a detenerme en las palabras que dejó antes de morir. Las recomendaciones internacionales de prevención del suicidio son claras en este punto: centrar la conversación pública en los mensajes de despedida, por sentidos que resulten, desvía la atención de lo verdaderamente urgente —la prevención— y puede contribuir, sin proponérselo, a su circulación viral. Como comunicólogo especializado en riesgos y desastres, sé que la forma en que contamos estas historias puede salvar vidas o ponerlas en peligro. Lo que me interesa en esta columna es lo que este suceso nos exige revisar como sociedad e instituciones.
La emergencia que no truena ni inunda
En Protección Civil clasificamos los riesgos por su origen: geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitarios, socio-organizativos. Rara vez hablamos del riesgo psicosocial acumulado como lo que es: un desastre de baja intensidad y alta duración, que no rompe ventanas ni derriba postes, pero erosiona exactamente lo mismo que erosiona un sismo o una inundación: la capacidad de una persona para sostenerse en pie.
La psicología de emergencias y desastres tiene un concepto que aplica aquí con precisión dolorosa: el estrés traumático secundario y el desgaste por compasión. Quienes trabajan todos los días conteniendo el caos de otros —policías, paramédicos, bomberos, personal de protección civil— absorben una carga emocional que rara vez se mide, se atiende o siquiera se nombra dentro de sus instituciones. Se espera de ellos contención, autoridad, fortaleza. No se les pregunta, con la misma insistencia con que se revisa su equipo o su unidad, cómo están por dentro.
El oficial estaba, según se ha reportado, en servicio y uniformado, cumpliendo su función de cuidar a los demás, mientras cargaba solo con su propio derrumbe. Ese contraste es, en sí mismo, un diagnóstico institucional.
Es indispensable, sin embargo, no simplificar lo ocurrido. La conducta suicida es un fenómeno multifactorial: rara vez responde a una sola causa. El desgaste laboral y el estrés institucional pueden ser factores de peso considerable —especialmente en cuerpos de emergencia expuestos de forma crónica al sufrimiento ajeno—, pero nunca explican, por sí solos, una muerte por suicidio. Suelen intervenir también historia personal, salud mental previa, redes de apoyo, acceso a tratamiento y otros elementos que no siempre son visibles desde afuera. Reconocer el peso del entorno laboral no equivale a reducir la explicación a una sola variable; equivale a tomar en serio uno de varios frentes donde sí podemos intervenir.
La mirada jesuita: la persona entera, no solo su función
La pedagogía ignaciana nos heredó un principio que debería ser obligatorio en cualquier corporación de emergencia: la cura personalis, el cuidado de la persona entera. No cuidamos únicamente la destreza operativa de un policía, su condición física o su cumplimiento de protocolo. Cuidamos —o deberíamos cuidar— su historia, su interioridad, su capacidad de sentido.
El padre Pedro Arrupe hablaba de formar “hombres y mujeres para los demás”. Pero esa entrega no puede sostenerse si la institución, la sociedad y la comunidad no son, a su vez, “para” quienes se entregan. La reciprocidad es el corazón de la solidaridad ignaciana: no es un flujo de una sola vía donde unos cuidan y otros solo reciben cuidado. Un cuerpo policial, una comunidad, una familia, existen en la misma lógica que un ejercicio espiritual: el discernimiento requiere acompañamiento, no aislamiento. Nadie discierne su dolor en soledad y sale ileso.
Desde esta visión, la pregunta no es solo “¿qué le pasó a él?”, sino “¿quién y qué estuvo disponible a su alrededor para sostenerlo?”. Esa pregunta no busca culpables individuales; busca responsabilidad estructural.
La dimensión social: lo que no puede seguir siendo solo discurso
Aquí es donde mi trabajo en riesgos y desastres se cruza con mi convicción social más profunda: la resiliencia comunitaria no se decreta, se construye con recursos reales. De nada sirve una campaña de salud mental en redes sociales si, puertas adentro de una corporación, no existe un protocolo obligatorio de acompañamiento psicológico, si pedir ayuda sigue leyéndose como debilidad, o si el acceso a un psicólogo depende de la voluntad individual del elemento y no de una política institucional.
León no es un caso aislado. En el mismo Distribuidor Vial Juan Pablo II y en el Puente del Amor de esa ciudad se han documentado, solo desde 2018, varios intentos y consumaciones similares. Eso no habla de puentes malditos; habla de una crisis de salud mental que atraviesa a la sociedad entera y que golpea con especial dureza a quienes, por oficio, deben parecer siempre fuertes.
Cerrar el ciclo: de la comunicación responsable a la acción
Como columnista y como enlace institucional de Protección Civil, tengo la obligación de no quedarme en la crónica ni en la indignación pasajera. Este suceso exige:
- Protocolos de salud mental obligatorios y periódicos —no opcionales— para cuerpos de emergencia, con confidencialidad garantizada.
- Formación en primeros auxilios psicológicos para mandos medios, capaces de detectar señales de alerta en sus propios equipos.
- Comunicación responsable de estos hechos, evitando el detalle del método y priorizando los recursos de ayuda disponibles.
- No difundir videos ni imágenes del acto. Hoy vi, con verdadera preocupación, cómo ese material se viralizaba en redes y grupos de mensajería. Compartirlo —aunque sea “para generar conciencia”— no previene nada: expone a la familia, vulnera la dignidad de quien murió y multiplica el riesgo de imitación en personas que atraviesan un momento similar. Si el llamado es a cuidar la salud mental, ese cuidado empieza por cómo comunicamos estos hechos.
- Una cultura institucional donde pedir ayuda no sea motivo de estigma, sino un acto tan profesional como portar el uniforme.
Lo ocurrido en León nos deja una lección de comunicación de riesgos que no depende de las palabras de nadie en particular: cómo hablamos —y cómo callamos— sobre estos hechos importa. Nos corresponde a nosotros —instituciones, columnistas, sociedad civil, comunidad ignaciana— comunicar con ética y responsabilidad, no solo con urgencia. Se lo debemos a quien ya no está, y se lo debemos a quienes hoy, en silencio, están parados en su propio puente.
Si tú o alguien cercano está pasando por un momento así, no está solo. Línea de la Vida: 800 911 2000, disponible las 24 horas en México.
Isahaí Abraham Vázquez Molina es comunicólogo especializado en comunicación social, riesgos y desastres.
