- Investigación periodística señala pagos a estudiantes egresados, expedientes incompletos y miles de tarjetas bancarias activas que aparecían como no entregadas.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno habría detectado irregularidades por 592.3 millones de pesos en el programa de Becas para el Bienestar, relacionadas con pagos a beneficiarios que no acreditaban plenamente los requisitos, así como deficiencias en el control y distribución de tarjetas bancarias.
De acuerdo con la columna El dato incómodo, del periodista Juan Ortiz, publicada en La Jornada de Oriente, las observaciones corresponden a pagos realizados durante 2024 y el primer semestre de 2025, que involucran a 67 mil 142 personas.
Entre los principales hallazgos se encuentran 242.7 millones de pesos entregados durante 2024 a 14 mil 985 alumnos registrados como egresados, así como otros 211.9 millones correspondientes a 36 mil 533 beneficiarios cuyos expedientes presentaban información incompleta durante el primer semestre de 2025.
La investigación también señala que la auditoría identificó 94 mil 251 tarjetas del Banco del Bienestar activas que figuraban como no entregadas. De estas, mil 78 cuentas asociadas a tarjetas sin constancia de entrega habrían recibido depósitos por 8.6 millones de pesos.
Estas irregularidades plantean cuestionamientos sobre los mecanismos utilizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para verificar que los beneficiarios cumplieran los requisitos y recibieran efectivamente los recursos públicos.
El periodista señala que la revisión comprende periodos de las administraciones de Leticia Ramírez y Mario Delgado al frente de la SEP, y que la auditoría emitió 39 recomendaciones, de las cuales 13 serían correctivas.
Asimismo, cuestiona si las autoridades han logrado justificar los pagos, recuperar los recursos que eventualmente resulten improcedentes y determinar quiénes autorizaron las transferencias observadas.
Aunque los hallazgos podrían representar deficiencias graves en la administración del programa, las observaciones de auditoría no acreditan por sí mismas la comisión de un fraude, por lo que será necesario conocer los resultados definitivos de las investigaciones y los procedimientos de solventación.
El caso abre interrogantes sobre la supervisión de los programas sociales federales y la capacidad de las instituciones para garantizar que los recursos destinados a estudiantes lleguen exclusivamente a quienes cumplen los requisitos establecidos.
