Morelia, Michoacán, 14 de noviembre de 2026.- La validez del proceso de renovación de la Rectoría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enfrenta cuestionamientos tras un análisis jurídico que detectó diversas irregularidades legales y constitucionales en la convocatoria emitida recientemente.
Se establecen como puntos críticos la ausencia de pruebas que respalden la aprobación colegiada del documento y la intención de blindar las decisiones internas frente a cualquier impugnación judicial.
El primer foco de alerta radica en la formalidad de la emisión, ya que el documento únicamente ostenta las rúbricas de la rectora y del secretario general, aun cuando su texto atribuye la autoría al Consejo Universitario. De acuerdo con el artículo 56 del Estatuto Universitario, es facultad exclusiva de dicho órgano fijar el calendario y conducir el relevo, mientras que la fracción VII del artículo 57 solo autoriza a la titular de la Rectoría a convocar a sesiones; por tanto, no acreditar un acuerdo formal del pleno derivaría en un vicio de incompetencia.
A esta observación se suma el rechazo a cualquier cláusula que pretenda anular la revisión jurisdiccional del certamen, bajo el argumento de que la autonomía universitaria no otorga inmunidad ante el control constitucional ni puede vulnerar el derecho de acceso a la justicia previsto en los artículos 1 y 17 de la Carta Magna.
En el plano operativo, la revisión apunta una invasión de facultades al concentrar exclusivamente en el Consejo Universitario la calificación de elegibilidad de los perfiles, ignorando la atribución de validar el cuarteto finalista que el artículo 13, fracción XXII, de la Ley Orgánica otorga a la Comisión Especial.
De igual forma, se previene que solicitar la calidad de docente de base podría convertirse en un requisito extralegal si se aplica bajo un criterio ajeno al nombramiento definitivo que contempla la norma vigente.
Por último, el estudio indica que las reglas para integrar la terna o cuarteto final carecen de claridad para garantizar el respeto al artículo 56 estatutario en lo referente a las mayorías por dependencia y la paridad de género.
Asimismo, se recalca que para declarar al Consejo Universitario en sesión permanente es indispensable cumplir con los candados del artículo 43 del Estatuto, lo cual obliga a que la medida sea solicitada expresamente por la rectora, avalada por las dos terceras partes de los asistentes y circunscrita únicamente al tema que originó la convocatoria.
