- El dirigente del SUEUM incorpora nuevos señalamientos relacionados con el proceso de sucesión rectoral, la movilización del 3 de noviembre, el paro indefinido y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Morelia, Mich.- El secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, amplió la solicitud de juicio político contra la rectora Yarabí Ávila González, al incorporar nuevos elementos relacionados con decisiones institucionales, el manejo de recursos públicos y las condiciones laborales al interior de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el paro ilegal indefinido que realizaron en todas las dependencias universitarias, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que tiene por no aclarar los más de 253 millones de pesos del 2024.
Entre los nuevos argumentos se encuentra la falta de expedición oportuna de la normativa para instrumentar el nuevo modelo de elección de rector o rectora, establecido en la Ley Orgánica reformada.
En el documento entregado en Palacio Legislativo, el dirigente sindical señala que el Congreso del Estado había emitido exhortos para que se realizaran las adecuaciones reglamentarias correspondientes, mientras que el SUEUM había solicitado que el proceso de renovación se desarrollara bajo reglas claras y conocidas por la comunidad universitaria.
Tena Flores también cuestiona el procedimiento mediante el cual fue aprobado el nuevo reglamento, durante una sesión virtual del Consejo Universitario realizada la noche del pasado 2 de noviembre, día inhábil para la Casa de Hidalgo. Señala que integrantes de ese órgano colegiado habrían denunciado la escasa anticipación con la que se convocó a la sesión y presuntas restricciones para participar o emitir su voto mediante la plataforma electrónica.
Ante ello, solicita al Congreso del Estado requerir las convocatorias, registros de asistencia, grabación íntegra de la sesión, bitácoras de la plataforma Zoom, votaciones y acta correspondiente, con el propósito de esclarecer las condiciones en que se aprobó el instrumento.
Otro de los puntos señalados es la incorporación de un Segundo Artículo Transitorio que establece el 10 de noviembre de 2027 como fecha para la elección de la nueva rectoría.
De acuerdo con el planteamiento del dirigente sindical, esta disposición difiere la sucesión rectoral ordinaria, pese a que el periodo de la actual rectora concluye el 8 de enero de 2027, lo que generaría una separación de aproximadamente diez meses entre la conclusión de su encargo y la elección definitiva.
En la ampliación de la solicitud también se pide investigar el posible uso de recursos públicos, personal, vehículos, equipos, infraestructura y presupuesto universitario en la movilización realizada el pasado 3 de noviembre, así como en la difusión de posicionamientos institucionales contra las actuaciones del Congreso y del Gobierno del Estado.
El documento plantea que se investigue si la participación de integrantes del gabinete universitario y trabajadores administrativos fue voluntaria u obligatoria, si existieron instrucciones o comisiones laborales y cuáles fueron los gastos realizados para organizar y difundir dicha movilización.
Asimismo, cuestiona el paro indefinido de labores y solicita conocer el fundamento jurídico de la medida, las instrucciones giradas para ejecutarla y sus consecuencias en materia de salarios, prestaciones, asistencia e incidencias laborales.
El SUEUM considera relevante que estas decisiones se produzcan en un contexto de conflictos entre la administración universitaria y los trabajadores, relacionados con prestaciones, pagos, seguros de vida, jubilaciones, ayudas sindicales y otras cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.
OBSERVACIONES DE LA ASF, OTRO ELEMENTO DE LA DENUNCIA
Uno de los nuevos elementos incorporados por Eduardo Tena corresponde a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2024, particularmente de la auditoría de cumplimiento número 1260, practicada a recursos transferidos a la Universidad Michoacana.
De acuerdo con el documento presentado, la ASF observó que la institución transfirió recursos federales a 20 cuentas bancarias y que, respecto de 253 millones 443 mil 142.69 pesos, no se proporcionó documentación justificativa y comprobatoria suficiente sobre su destino y aplicación.
Esta situación derivó en el Pliego de Observaciones 2024-4-99016-19-1260-06-001.
Además, el dirigente sindical refiere que permanecieron pendientes de aclarar 41 millones 254 mil 523.16 pesos correspondientes a recursos de coparticipación estatal, así como otros 465 mil 790.25 pesos relacionados con combustible cuyo destino al parque vehicular universitario no habría sido acreditado durante la auditoría.
El informe también documenta la apertura de procedimientos internos identificados como EI/005/2026/OIC/DI, EI/006/2026/OIC/DI y EI/010/2026/OIC/DI.
Tena Flores señala que, según información difundida por un medio de comunicación el pasado 3 de noviembre, tres pliegos de observaciones de la Universidad aparecieron con estatus de “no solventados”. Sin embargo, el propio planteamiento reconoce que es necesario corroborar si corresponden exactamente a los tres pliegos derivados de la auditoría.
Por ello, solicita al Congreso requerir directamente a la ASF información actualizada sobre el estado procesal de las observaciones, los documentos entregados por la Universidad, los montos solventados y aquellos que continúen pendientes, así como las acciones subsecuentes promovidas.
El dirigente sindical argumenta que la correcta aplicación de los recursos públicos está relacionada con la capacidad financiera de la institución para cumplir sus obligaciones salariales, prestaciones, pensiones, seguros y demás compromisos establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.
La ampliación de la solicitud también cuestiona que la Universidad haya utilizado sus medios oficiales de comunicación para difundir la movilización y pronunciamientos dirigidos contra el Congreso y el Gobierno del Estado.
En ese sentido, Eduardo Tena solicita que se requiera a Rectoría, Secretaría General, Secretaría Administrativa, Comunicación Social, Consejo Universitario y Contraloría Universitaria la documentación relacionada con la aprobación del reglamento, la organización de la marcha, los gastos efectuados, el paro indefinido y los procedimientos internos de investigación.
Entre la información solicitada se encuentran las instrucciones para la movilización, los vehículos institucionales utilizados, el personal comisionado, las erogaciones, los contratos de comunicación social, los materiales impresos y los recursos destinados a la difusión de la campaña y del paro.
Finalmente, el SUEUM sostiene que la autonomía universitaria no exime a la institución de rendir cuentas sobre el uso de bienes, recursos y personal públicos, no es un ente soberano, por lo que pidió que los nuevos elementos sean incorporados a la investigación de juicio político contra la rectora Yarabí Ávila González.
