Uruapan, Michoacán, a 30 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar, Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, obtuvo sentencia condenatoria en procedimiento abreviado contra un adolescente de 17 años, al acreditarse su responsabilidad en los delitos de extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
De acuerdo con las investigaciones, el 27 de marzo de 2026, el adolescente, en compañía de otros tres sujetos, arribó a un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Anillo de Circunvalación, en la colonia Valle de San Pedro, en Uruapan.
El adolescente ingresó al negocio acompañado de otra persona y se dirigió a una empleada, a quien apuntó con un arma de fuego y le exigió el pago de una cuota, mientras su acompañante le manifestó que habían sido enviados por un supuesto grupo delictivo para realizar el cobro.
Ante la negativa de la trabajadora, los individuos continuaron con las amenazas y le indicaron que el pago era para evitar que le ocurriera algún daño.
En ese momento, la víctima logró solicitar auxilio de manera discreta, lo que permitió que elementos de la Policía Municipal fueran alertados y se trasladaran al lugar.
Al percatarse de la presencia policial, el adolescente intentó huir y, durante su recorrido, fue observado cuando arrojó debajo de un vehículo un arma de fuego color negro, abastecida con un cargador y 12 cartuchos útiles.
El arma fue asegurada por los elementos policiales y el adolescente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
Tras el desarrollo de las actuaciones correspondientes, la Unidad de Justicia Penal para Adolescentes obtuvo una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado, imponiéndose al adolescente una medida de 2 años de internamiento por su responsabilidad en los delitos de extorsión y portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
La FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos, así como de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, bajo los principios y procedimientos establecidos en el sistema especializado de justicia para adolescentes.
