La dependencia negó datos sobre quejas ciudadanas y escoltas de Dámaso Castro Zaavedra, mientras que su declaración patrimonial no pudo ser localizada públicamente.
Culiacán, Sinaloa, 26 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa reservó información relacionada con Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia incluido por autoridades estadounidenses en una acusación por presuntos vínculos con la organización criminal de Los Chapitos, expediente en el que también aparece el gobernador Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con una investigación de EMEEQUIS, el medio solicitó mediante mecanismos de transparencia las quejas ciudadanas presentadas contra Castro Zaavedra, el número de escoltas que tuvo asignados durante su desempeño como funcionario y una versión pública de su declaración patrimonial.
La Fiscalía sinaloense negó el acceso a las quejas bajo el argumento de que contienen información confidencial vinculada con procedimientos administrativos o penales. Respecto a los elementos de seguridad, sostuvo que revelar la cantidad de escoltas podría poner en riesgo la vida del exfuncionario, aun cuando la petición se refería al personal que tuvo asignado anteriormente.
Para consultar la declaración patrimonial, la institución proporcionó un enlace que no permitió acceder al documento. La información tampoco fue localizada en los portales públicos de transparencia consultados, aunque la Fiscalía cuenta con una plataforma para que sus servidores públicos presenten este tipo de declaraciones.
Castro Zaavedra solicitó el 5 de mayo licencia sin goce de sueldo al cargo de vicefiscal general de Sinaloa, días después de que se conociera la imputación presentada en una corte federal de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La Fiscalía informó entonces que el funcionario manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento legal.
El vicefiscal con licencia compareció posteriormente ante la Fiscalía General de la República en Culiacán y, al concluir la diligencia, expresó confianza en las instituciones y en su actuación. Hasta el momento, los señalamientos formulados en Estados Unidos constituyen acusaciones que deberán resolverse ante las autoridades judiciales competentes, por lo que prevalece el principio de presunción de inocencia.
