- La dirigente estatal del PRD consideró que la iniciativa debe analizarse con profundidad jurídica y política, priorizando la seguridad pública sin vulnerar la autonomía de los municipios.
Morelia, Mich., 14 de julio de 2026. La presidenta estatal del PRD Michoacán, Verónica García Reyes, afirmó que la propuesta impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desaparecer las policías municipales en aquellos ayuntamientos presuntamente infiltrados por el crimen organizado representa un tema de alta complejidad constitucional, por lo que consideró indispensable abrir un amplio debate jurídico antes de tomar una decisión.
La dirigente perredista explicó que la iniciativa involucra directamente los alcances de los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen las responsabilidades de los municipios en materia de seguridad pública y garantizan su autonomía. En ese sentido, señaló que incluso los esquemas de coordinación, como el mando unificado, no eximen a los gobiernos municipales de sus obligaciones constitucionales.
García Reyes sostuvo que cualquier modificación al modelo de seguridad municipal requeriría un análisis puntual desde la perspectiva constitucional, así como la eventual aprobación de reformas legales de fondo. Por ello, enfatizó que no se trata de una decisión que pueda tomarse de manera inmediata, sino de un asunto que demanda consenso, revisión técnica y un amplio debate entre autoridades, especialistas y fuerzas políticas.
Respecto a la postura del PRD Michoacán, indicó que el partido no descarta analizar una propuesta de esta naturaleza, siempre que su contenido esté plenamente sustentado y tenga como objetivo fortalecer la seguridad de la población. Sin embargo, insistió en que cualquier cambio debe ofrecer claridad sobre sus alcances, su viabilidad jurídica y las implicaciones que tendría para el funcionamiento de los gobiernos municipales.
Finalmente, la líder perredista reiteró que la prioridad debe ser garantizar la seguridad pública de las y los ciudadanos, pero advirtió que las soluciones deberán construirse con apego al marco constitucional y considerando las distintas realidades que enfrentan los municipios de Michoacán, evitando decisiones que puedan generar conflictos legales o afectar el equilibrio entre los distintos órdenes de gobierno.
