Por: Isahaí Abraham Vázquez Molina.
Comunicólogo.
Cuando una familia de zona rural decide apostar por la educación universitaria de sus hijos, lo hace desde la fe. Fe en que el esfuerzo valdrá la pena. Fe en que el documento que recibirán al término de sus estudios abrirá puertas. Fe en el Estado. Es precisamente esa fe la que hoy se encuentra en entredicho ante la crisis administrativa que padecen las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ).
Nacidas en 2019 como una de las apuestas emblemáticas de la Cuarta Transformación, estas instituciones prometieron llevar educación superior gratuita a las regiones con mayor marginación del país. El diagnóstico era correcto: millones de jóvenes con bachillerato terminado sin posibilidades reales de acceder a una universidad. La intención, loable. El problema, la ejecución.
Un RVOE que tardó en llegar — y que todavía no resuelve todo
El Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) es el instrumento legal mediante el cual la Secretaría de Educación Pública certifica que los planes y programas de una institución educativa cumplen con los estándares mínimos para expedir títulos y cédulas profesionales. Sin él, un egresado puede haber cursado cuatro o cinco años de carrera y no tener, legalmente, nada.
Desde sus primeros años de operación, las UBBJ acumularon señalamientos documentados sobre esta omisión. La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) — asociación civil sin fines de lucro fundada en 2015, especializada en investigación periodística, análisis de políticas públicas y litigios estratégicos contra la corrupción — realizó en 2020 un trabajo de campo en 30 de los entonces 100 planteles y publicó su reporte bajo el título ‘Universidades en el limbo’. Sus hallazgos fueron contundentes: ninguno de los 30 planteles evaluados alcanzaba el RVOE, y en promedio solo cumplían el 46% de los requisitos de infraestructura exigidos por la SEP. Además, solo 4 de los 100 planteles cumplían con el requisito de ubicarse a más de 50 kilómetros de otra institución de educación superior, condición original del programa para justificar la creación de nueva oferta educativa.
MCCI es una asociación civil constituida en noviembre de 2015, independiente de partidos políticos y con financiamiento diversificado de organismos nacionales e internacionales. Ha sido reconocida por investigaciones sobre casos como ‘La Estafa Maestra’, Paradise Papers y contratos irregulares en obra pública. También ha sido objeto de cuestionamientos por parte del gobierno federal sobre presuntas irregularidades fiscales — señalamientos que la organización rechazó públicamente.
El gobierno respondió entonces que los planes de estudio estaban inscritos ante la Dirección General de Profesiones, lo que — argumentó — garantizaba validez oficial. Pero validez formal e inscripción administrativa no son lo mismo que RVOE. Y esa diferencia terminó siendo el abismo en el que cayeron los proyectos de vida de cientos de jóvenes.
La Tierra Caliente del Balsas: cuando la moda se convierte en carga municipal
En la región de la Tierra Caliente del Balsas — esa franja de municipios que comparten Michoacán y Guerrero, unida por el calor, la geografía del río y una histórica escasez de opciones educativas —, las Universidades para el Bienestar se han instalado como una moda. Una moda con nombre propio, con promesas de beca y acceso sin examen, y con la capacidad de movilizar esperanzas en comunidades donde estudiar una carrera ha sido, durante décadas, sinónimo de irse lejos o de no poder.
Municipios como Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, Churumuco y San Lucas, junto a sus vecinos guerrerenses en la cuenca del Balsas, han visto cómo la demanda por contar con una sede de las UBBJ se convierte en bandera política y en presión social real. Los padres de familia preguntan, los jóvenes aspiran, y los presidentes municipales sienten el peso de no poder decir que no a la educación. Nadie, en ningún municipio de México, puede darse el lujo político de oponerse a una universidad gratuita para sus hijos. Ese es el fondo del asunto.
Pero la trampa está en los términos. Lo que en el discurso oficial se presenta como una oportunidad para el municipio es, en la práctica, una transferencia silenciosa de responsabilidades. Para que una sede de las UBBJ opere, alguien tiene que poner el terreno, levantar el inmueble, garantizar los servicios básicos — agua, luz, drenaje — y muchas veces costear el mantenimiento de las instalaciones. Ese alguien, con frecuencia, termina siendo el Ayuntamiento. Sin decreto. Sin convenio formal con cláusulas claras. Sin que nadie lo diga abiertamente en la inauguración.
El resultado es que presidentes municipales de regiones con finanzas acotadas — donde el presupuesto ya alcanza apenas para servicios básicos — se ven condicionados a construir y equipar una sede universitaria federal con recursos que deberían destinarse a drenaje, alumbrado, pavimento o atención a la salud. La presión social hace el resto: quien no gestione la UBBJ pierde capital político. Quien la construya con gasto municipal, compromete otras necesidades sin que la federación reconozca formalmente ese aporte.
Este modelo de expansión encubierta tiene un nombre en la teoría de la administración pública: descentralización sin recursos. El gobierno federal diseña el programa, establece los criterios y se apropia del crédito político de la inauguración. Los costos de operación, en cambio, se dispersan entre actores locales que carecen de los recursos, la infraestructura técnica y muchas veces de la información suficiente para dimensionar lo que están asumiendo. Y cuando el plantel finalmente abre, los estudiantes que entran no siempre saben — porque nadie se los dice con claridad — que su título depende de trámites que aún no están resueltos a nivel federal.
La Tierra Caliente merece universidades. Merece opciones educativas reales, cercanas, con RVOE, con docentes de carrera y con la certeza de que quien estudie allí podrá ejercer su profesión al graduarse. Lo que no merece es que la promesa educativa llegue envuelta en una carga financiera no declarada para sus gobiernos locales, ni que las familias que depositan su fe en esa promesa descubran, años después, que su hijo o hija tiene una carrera que el mercado laboral no reconoce.
Las cifras detrás del limbo: lo que los datos revelan
Para entender la magnitud del problema conviene hablar con números. Al cierre de 2025, las UBBJ reportaban 215 planteles distribuidos en todo el país, con presencia en todos los estados excepto Baja California Sur. Michoacán concentra al menos 12 sedes y Guerrero 15 — dos de los estados con mayor presencia del programa —, lo que refleja la apuesta del sistema precisamente en las regiones con mayores rezagos. En ese mismo año, el sistema había atendido a 85 mil estudiantes en 214 sedes activas, con capacidad instalada para 247 mil alumnos. Sin embargo, de ese universo, solo 7 mil 108 contaban con título al cierre de 2025 — frente a 10 mil 871 que habían egresado. Más de 3 mil egresados terminaron su carrera sin recibir su documento.
La SEP, a través del secretario Mario Delgado, reportó la emisión de 10 mil títulos durante 2025 y fijó una meta de 4 mil adicionales para 2026. Las cifras suenan bien en un comunicado de prensa. Pero no alcanzan para cubrir el rezago acumulado ni para subsanar las omisiones en el proceso de validación. Y quienes más resienten esa brecha no son estadísticas: son personas con nombre, historia y expectativas truncadas.
Ramón estudió Acuacultura y Piscicultura en la sede de Etchojoa, Sonora. Egresó en 2021. Obtuvo su cédula, consiguió una entrevista en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y le pidieron el título para formalizar su contrato. Cuando venció el plazo, el documento no había llegado. El empleo tampoco. Enoch, egresado de Derecho en la sede Cuauhtémoc, declaró que algunos jueces le permitían estar en audiencias por benevolencia, pero que debía contratar abogados con cédula para poder actuar legalmente — un absurdo kafkiano que convierte el acceso a la justicia en un privilegio de quienes pudieron pagar una universidad con RVOE.
La comparativa que las familias también hacen
Cuando un padre o una madre de familia decide dónde inscribir a su hijo, hace una evaluación intuitiva que la pedagogía formal llama análisis de costo-beneficio educativo. En la Tierra Caliente, esa evaluación se vuelve especialmente dura: las opciones históricamente disponibles han sido pocas, costosas en términos de distancia y tiempo, o simplemente inexistentes.
Las universidades públicas consolidadas — UNAM, IPN, UAM, universidades estatales — tienen en común algo que no se construye en un sexenio: RVOE pleno, plantas docentes de carrera, infraestructura probada y décadas de reconocimiento. Su principal debilidad histórica es precisamente la que las UBBJ prometían resolver: cobertura geográfica limitada a ciudades medianas y grandes. Datos de campo reportados por MCCI indican que en las zonas de mayor marginación, solo el 23% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cuenta con bachillerato concluido — lo que revela cuán profunda es la brecha que se pretendía cerrar.
Las universidades privadas presentan un panorama más heterogéneo. Las instituciones de mayor prestigio ofrecen infraestructura de alto nivel y redes de empleadores, pero con colegiaturas que pueden superar los 10 mil pesos mensuales — una cifra que en la economía de la Tierra Caliente equivale muchas veces al ingreso mensual completo de una familia. En el otro extremo del espectro privado existen instituciones con RVOE vigente pero con calidad pedagógica cuestionable. El mercado educativo privado en México es, en ese sentido, tan desigual como el sistema que pretende complementar.
Las UBBJ, por su parte, ofrecen lo que ninguna de las anteriores puede garantizar en iguales condiciones en la región: gratuidad total, beca mensual de 2 mil 400 pesos, acceso sin examen y presencia en municipios de alta marginación. Esas son ventajas reales, no menores. El problema no es el modelo: es que ese modelo no puede sostenerse sobre promesas sin soporte institucional. Una educación gratuita que no genera título reconocido no es una inversión pública — es un gasto sin retorno para el estudiante que confió en ella y para el municipio que puso los ladrillos.
El silencio institucional como segunda traición
Desde la mirada pedagógica, hay una categoría que trasciende lo administrativo: la responsabilidad comunicativa del Estado con sus educandos. Un estudiante que ingresa a una institución pública lo hace bajo un contrato implícito de confianza. El Estado asume la obligación no solo de impartir educación, sino de dotarla de las condiciones para que sea útil, transferible y reconocida.
Lo que han vivido los egresados de las UBBJ no es únicamente un problema burocrático. Es una ruptura de ese contrato. Y lo que más pesa, desde la perspectiva de quien trabaja en comunicación educativa, es que quienes pagaron el precio más alto fueron precisamente los destinatarios originales de la promesa: jóvenes de comunidades marginadas, adultos que por décadas buscaron una oportunidad de estudiar, personas que reorganizaron su vida entera alrededor de esa posibilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente los retrasos en titulación. Los gobiernos estatales aclararon que los trámites corresponden exclusivamente a la SEP federal y que las entidades no tienen atribuciones en su emisión — una declaración que, leída con cuidado, describe con precisión el problema: nadie asume la responsabilidad operativa del proceso, y quien la paga es el egresado.
Las autoridades tienen pendientes que no admiten más demora: regularizar el RVOE en cada plantel, depurar el padrón de egresados sin título, establecer mecanismos ágiles con la Dirección General de Profesiones, formalizar mediante convenios claros la participación y los límites de responsabilidad de los ayuntamientos, y comunicar con transparencia el estado de cada programa y generación. Las familias que confiaron en esta institución merecen una respuesta real, no un conteo de cifras que no se traduce en documentos en sus manos.
Conclusión: el cura personalis que el Estado le debe a sus estudiantes
La tradición jesuita acuñó hace siglos un principio que sus universidades — entre las más reconocidas del mundo — convirtieron en criterio pedagógico irrenunciable: el cura personalis, la atención integral a la persona. No al alumno en abstracto. No a la matrícula como cifra. A la persona concreta, con su historia, su contexto, sus posibilidades y sus limitaciones. Una educación que no considera a quien educa en toda su dimensión no es formación: es procesamiento.
Ese principio interpela directamente la crisis de las UBBJ. Porque el fallo no ocurrió en el salón de clases — ocurrió después, cuando el sistema trató a sus egresados como unidades de un programa y no como personas con proyectos de vida que dependen de un documento. Ocurrió cuando nadie se preguntó, con honestidad, qué pasaría con Evangelina Silva, que esperó más de tres décadas para estudiar Derecho y aún no puede ejercerlo. Con Ramón, que perdió su empleo por un trámite pendiente. Con Enoch, que necesita pagar a otro abogado para hacer el trabajo para el que él mismo se formó.
El cura personalis no es un concepto religioso trasladado a la política pública. Es una exigencia ética de mínimos: ver a la persona antes que al programa. Preguntarse, antes de inaugurar una sede, antes de emitir una convocatoria, antes de inscribir a la primera generación, qué pasará con esa persona cuando termine. Qué título recibirá. Si ese título tendrá validez. Si podrá ejercer. Si el municipio que construyó las aulas lo hizo porque quiso o porque no tuvo opción.
El problema de las UBBJ no es ideológico. Trasciende partidos y administraciones. Es, en esencia, un problema de responsabilidad pública con rostro humano. Y en la Tierra Caliente del Balsas, donde la geografía ya pone suficientes distancias entre los jóvenes y sus sueños, el Estado no puede darse el lujo de agregar una distancia más: la que existe entre estudiar y poder ejercer.
Porque la educación, cuando es verdadera, no fabrica egresados. Forma personas. Y las personas merecen que alguien, en alguna oficina del gobierno, las tenga presentes — enteras — antes de firmar la siguiente convocatoria.
Isahaí Abraham Vázquez Molina
Comunicólogo especialista en Comunicación Social y colaborador en temas de comunicación digital.
