• El reporte advierte que legisladores y gobernadores habrían buscado colaborar con agencias estadounidenses mientras avanzan pesquisas contra funcionarios mexicanos.
Ciudad de México, 27 de junio de 2026.- Las investigaciones impulsadas por el gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones del narcotráfico continúan ampliándose y han abierto un nuevo frente político, luego de que el diario The New York Times revelara que integrantes de Morena habrían sostenido contactos discretos con autoridades estadounidenses para compartir información sobre otros actores políticos del mismo partido.
De acuerdo con una publicación firmada por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos una decena de funcionarios mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores, algunos identificados con Morena, se han acercado a autoridades de Estados Unidos para explorar mecanismos de cooperación. El reporte sostiene que estas conversaciones ocurrieron después de que Washington señalara a diversos funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su exsecretario de Seguridad, Enrique Inzunza Cázarez, quienes han sido mencionados en investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Según las fuentes citadas por el periódico estadounidense, varios de los funcionarios que han buscado acercamientos estarían intentando anticiparse a posibles investigaciones en su contra. Asimismo, se señala que la DEA habría promovido contactos privados con actores políticos mexicanos con el objetivo de obtener información relevante para sus indagatorias. De concretarse una red más amplia de colaboradores, el diario advierte que podría generarse una cadena de testimonios y acusaciones con potencial impacto en la estructura política de Morena.
El reportaje también expone que la situación representa un desafío para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a que algunos de los personajes bajo investigación forman parte de su partido y mantienen cercanía política con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, dentro del gobierno federal existirían distintas posturas sobre cómo responder a la presión de Washington, entre quienes favorecen una mayor cooperación bilateral y quienes consideran que las acciones estadounidenses podrían sentar un precedente delicado en la relación entre ambos países.
Entre los nombres que aparecen como objetivos de investigaciones por presunta corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes han rechazado públicamente cualquier señalamiento en su contra. El reporte también menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, luego de que recientemente se difundiera un audio relacionado con gestiones ante autoridades estadounidenses, hecho que la mandataria vinculó con asuntos relativos a su visa.
El administrador interino de la DEA, Derek Maltz, afirmó al diario que la cooperación de funcionarios mexicanos y de integrantes de organizaciones criminales bajo custodia estadounidense podría derivar en procesos judiciales de alto perfil. “Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, declaró.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial conjunta respecto a las revelaciones publicadas por The New York Times. Sin embargo, el contenido del reportaje ha reavivado el debate sobre la colaboración bilateral en materia de seguridad, la transparencia en las investigaciones y las posibles repercusiones políticas que podrían derivarse de estos señalamientos en los próximos meses.
