• La acusación federal estadounidense señala que habría recibido sobornos y facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa durante su gestión en la Policía de Investigación.
30 de mayo de 2026.- Culiacán, Sinaloa. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. La entrega ocurre apenas días después de que el exfuncionario afirmara públicamente que no se pondría a disposición de las autoridades estadounidenses, en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio los presuntos nexos entre estructuras de seguridad pública y grupos criminales.
De acuerdo con información confirmada por una fuente del Departamento de Justicia de Estados Unidos a medios nacionales, Almanza Avilés es señalado como uno de los principales exfuncionarios de seguridad pública presuntamente vinculados con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que habría recibido pagos mensuales cercanos a los 300 mil pesos a cambio de brindar protección y facilitar las operaciones de la organización criminal. En documentos asegurados por las autoridades estadounidenses, presuntamente era identificado con la clave “R1”.
Según la investigación federal, el exmando policial habría permitido que integrantes de “Los Chapitos” desarrollaran actividades de tráfico de drogas sin interferencia de las corporaciones de seguridad, además de facilitar el tránsito de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo a través de Culiacán. La acusación también señala que presuntamente emitió órdenes de captura contra rivales de la organización criminal a petición de sus integrantes y que intervino para lograr la liberación de miembros del cártel detenidos por autoridades locales.
Las autoridades estadounidenses sostienen además que, hasta 2020, Almanza Avilés habría participado en esquemas de cobro ilegal a laboratorios de metanfetaminas operados por grupos rivales, con el propósito de beneficiar a la facción dominante y obtener ganancias personales. La acusación indica que el presunto acuerdo de corrupción se habría establecido entre 2017 y 2018 durante una reunión celebrada en uno de los ranchos atribuidos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Actualmente enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos —entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina—, así como por posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos relacionados con actividades de narcotráfico. Como en todo proceso judicial, las acusaciones deberán ser probadas ante las autoridades competentes.
