• Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, se habría entregado en Nueva York; ya suman dos exintegrantes del gabinete sinaloense bajo custodia estadounidense.
Ciudad de México.- Viernes 15 de mayo de 2026.- Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, se entregó a autoridades de Estados Unidos y actualmente estaría bajo custodia en Nueva York, de acuerdo con información difundida por Latinus. El exfuncionario forma parte de una lista de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
La entrega de Díaz Vega ocurre apenas días después de la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien fue asegurado en Arizona y posteriormente trascendió que también habría decidido entregarse ante autoridades estadounidenses.
Con este nuevo caso, ya son dos exintegrantes del gobierno estatal relacionado con Rubén Rocha Moya que quedan bajo control de agencias de seguridad y justicia de Estados Unidos, en medio de una creciente presión internacional por las investigaciones contra estructuras políticas presuntamente ligadas al narcotráfico.
De acuerdo con los reportes difundidos, las acusaciones apuntan a posibles vínculos y colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo identificado como Los Chapitos, una de las facciones criminales con mayor presencia y operación internacional.
Hasta el momento, ni el gobierno de Sinaloa ni el exgobernador Rubén Rocha Moya han emitido un posicionamiento oficial sobre la situación de Díaz Vega. Sin embargo, el caso ha intensificado el debate político y mediático debido a que otros nombres cercanos a la administración estatal también han sido mencionados en las investigaciones.
Entre los funcionarios señalados públicamente se encuentran Enrique Inzunza y otros exservidores públicos, quienes presuntamente forman parte de las indagatorias abiertas por autoridades estadounidenses.
El avance de estas investigaciones podría generar nuevas repercusiones políticas y judiciales tanto en México como en Estados Unidos, especialmente por el nivel de los perfiles involucrados y la dimensión binacional de las acusaciones.
