• Persisten dudas sobre el manejo de evidencia clave y el actuar de funcionarios vinculados al caso Carlos Manzo
Martes 5 de mayo de 2026, Uruapan, Michoacán.- Una serie de hechos recientes ha colocado al denominado “Movimiento del Sombrero” en el centro de la controversia pública, luego de que surgieran señalamientos por presunta opacidad en el manejo de evidencia, la inasistencia de un funcionario clave ante la Fiscalía y declaraciones polémicas de uno de sus principales representantes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la conducción política y administrativa del grupo en la entidad.
En el contexto del asesinato de Carlos Manzo, han surgido dudas relevantes sobre la actuación de autoridades municipales. De acuerdo con información difundida, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se habría negado a entregar el teléfono celular del exfuncionario fallecido, un elemento que podría ser determinante para el esclarecimiento del caso a casi seis meses del hecho. Esta situación ha sido interpretada por diversos sectores como un obstáculo en el avance de las investigaciones, pues en dos ocasiones, la Fiscalía se lo ha requerido.
A ello se suma la situación del secretario particular de la víctima, Sigfrido Mújica, quien ha sido requerido por la Fiscalía en al menos tres ocasiones sin que, hasta el momento, haya acudido a rendir su declaración. Según declaraciones públicas de Juan Manzo, hermano de la víctima, Mújica era una persona cercana a Carlos Manzo y dejó de presentarse a sus funciones desde el día del homicidio. Pese a ello, aseguró que continúa figurando en la nómina del Ayuntamiento de Uruapan, lo que ha incrementado las suspicacias en torno a su papel en el caso.
En paralelo, el propio Juan Manzo ha denunciado públicamente un presunto uso indebido de recursos públicos, al señalar que presupuesto del Ayuntamiento estaría siendo utilizado para la defensa legal de personas detenidas que podrían estar vinculadas con el asesinato. Este señalamiento, de confirmarse, podría implicar responsabilidades administrativas e incluso penales para los involucrados.
La controversia se intensificó tras las declaraciones del diputado local Carlos Bautista Tafolla, identificado como uno de los líderes del “Movimiento del Sombrero”, quien respondió de manera confrontativa a cuestionamientos de medios de comunicación sobre el uso de materiales institucionales del Congreso del Estado en un evento de carácter político-partidista. La expresión “los pinches medios de comunicación no abren el hocico”, ha sido ampliamente criticadas, al considerarse desproporcionadas y contrarias al respeto que debe prevalecer en el ejercicio público.
En este escenario, el cúmulo de señalamientos y conductas ha colocado bajo escrutinio no solo a los actores involucrados, sino también a la estructura política que los respalda, en un momento en que la exigencia social apunta hacia mayor transparencia, rendición de cuentas y apego a la legalidad en el manejo de asuntos públicos sensibles.
