• La imputación proviene del Distrito Sur de Nueva York y contempla penas que van de 40 años de prisión a cadena perpetua
Morelia, Michoacán, 1 de mayo de 2026. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la noche de este jueves su separación temporal del cargo luego de que autoridades de Estados Unidos lo señalaran, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico, en una acusación que ya es investigada por instancias mexicanas.
"Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", aseguró el mandatario estatal en un mensaje a medios.
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 2, 2026
La información: https://t.co/gHkbdxK3AN pic.twitter.com/rNKQUZxb7U
El anuncio se dio mediante un mensaje difundido en YouTube, donde el mandatario informó que solicitó licencia ante el Congreso del Estado, argumentando que su decisión busca facilitar las investigaciones en curso y actuar bajo principios de responsabilidad institucional.
El señalamiento contra Rocha Moya proviene del Distrito Sur de Nueva York, instancia de la Fiscalía estadounidense que lo vincula con delitos graves relacionados con el crimen organizado, cuyas penas podrían alcanzar hasta la cadena perpetua.
En su posicionamiento, el gobernador con licencia rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “falsas y dolosas”. Aseguró que cuenta con una trayectoria que respalda su integridad y afirmó tener “la conciencia tranquila” frente a los señalamientos.
Asimismo, sostuvo que enfrentará el proceso legal con firmeza y reiteró que no permitirá que su situación sea utilizada con fines políticos, en lo que interpretó como un intento de afectar al movimiento al que pertenece, en referencia a Morena.
Rocha Moya subrayó que su decisión de separarse del cargo también responde a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que, dijo, requiere condiciones que garanticen transparencia y legalidad en el proceso.
El caso abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de justicia y combate al narcotráfico, al tiempo que coloca bajo presión a las instituciones mexicanas para esclarecer los hechos y definir responsabilidades en uno de los señalamientos más delicados contra un mandatario en funciones en los últimos años.
