Documentos judiciales describen intimidación, secuestros y control territorial durante los comicios de 2021
30 de abril de 2026, Sinaloa, México. Investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas señalan que la facción criminal conocida como “los Chapitos” habría intervenido en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa para favorecer la victoria del actual gobernador Rubén Rocha Moya, mediante una serie de acciones que incluyeron coacción, violencia e infiltración institucional.
De acuerdo con los expedientes estadounidenses, el presunto apoyo del grupo vinculado a Joaquín “El Chapo” Guzmán no habría sido espontáneo, sino resultado de acuerdos previos entre actores políticos y criminales para influir directamente en el resultado de la elección.
En el contexto del proceso electoral de 2021, las autoridades estadounidenses sostienen que operadores cercanos al entonces candidato habrían facilitado el contacto con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Según la investigación, en dichas reuniones se habría planteado una estrategia para asegurar el triunfo electoral a cambio de presuntos beneficios en la estructura de seguridad pública estatal.
Entre las acciones documentadas destacan señalamientos sobre la presunta privación ilegal de la libertad de candidatos opositores, con el objetivo de obligarlos a retirarse de la contienda. Asimismo, se describe un clima de intimidación generalizada durante la jornada electoral, con presencia de grupos armados en centros de votación en municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota.
Los documentos también apuntan a una presunta omisión deliberada por parte de mandos de seguridad estatal, quienes habrían instruido a elementos policiales a no intervenir ante reportes de violencia electoral, lo que habría permitido la operación de estos grupos sin resistencia institucional.
En la etapa posterior a la elección, las investigaciones refieren que supuestamente se consolidaron acuerdos entre actores políticos y la organización criminal, fortaleciendo una relación que, según los expedientes, implicaría tolerancia operativa a cambio de estabilidad política.
Estas revelaciones forman parte de líneas de investigación desarrolladas durante la administración del expresidente Donald Trump, utilizadas para sustentar acusaciones más amplias sobre posibles vínculos entre estructuras del crimen organizado y procesos políticos en México.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial detallado sobre estos señalamientos, los cuales se mantienen en el ámbito de investigaciones judiciales en Estados Unidos y no constituyen, por sí mismos, una sentencia definitiva.
