• Investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. incluye a 10 funcionarios por presuntos delitos graves, con posibles penas de cadena perpetua
29 de abril de 2026, Culiacán, Sinaloa.– La Fiscalía de Nueva York reveló acusaciones formales en las que señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntamente haber recibido apoyo del Cártel de Sinaloa —particularmente del grupo conocido como Los Chapitos— durante el proceso electoral de 2021, lo que habría incluido robo de boletas, intimidación a opositores y acuerdos posteriores para favorecer actividades delictivas.
De acuerdo con el documento judicial, elaborado en el marco de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso involucra a diez servidores públicos y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa, quienes enfrentan señalamientos por presuntos delitos que podrían derivar en sanciones severas, incluyendo cadena perpetua.
Las acusaciones sostienen que integrantes de Los Chapitos habrían intervenido directamente en el proceso electoral de 2021, mediante el robo de boletas y la coacción a candidatos de oposición. Según la fiscalía, estas acciones tuvieron como objetivo favorecer al entonces candidato de Morena, hoy mandatario estatal.
El expediente también indica que, como parte de un supuesto acuerdo, Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal antes y después de asumir el cargo. En dichos encuentros, presuntamente se comprometió a facilitar las operaciones del cártel en la entidad a cambio del apoyo recibido durante la contienda electoral.
El documento señala además que, una vez en el poder, el gobernador habría permitido la infiltración de personas vinculadas al grupo delictivo en posiciones estratégicas dentro del gobierno estatal, así como en corporaciones de seguridad pública municipales y estatales. Estas redes, según la acusación, habrían servido para proteger las operaciones ilícitas del cártel.
Entre los implicados de mayor perfil también figuran el senador Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos vinculados políticamente al partido Morena.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial detallado respecto a estas acusaciones, mientras que el proceso judicial en Estados Unidos continúa en fase de integración de pruebas.
El caso podría tener implicaciones políticas y legales de alto impacto tanto en México como en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
