• La ejecución de Ángel Pantoja expone la vulnerabilidad de mandos clave en la investigación de delitos de alto impacto y detona un operativo de seguridad en la ciudad.
24 de abril de 2026, Ensenada, Baja California.– La violencia golpeó directamente a la estructura de procuración de justicia en Baja California tras el asesinato de Ángel Pantoja, coordinador en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, quien fue atacado a balazos la mañana de este viernes mientras circulaba por la colonia Villas Residencial del Rey; el hecho, perpetrado con alto grado de coordinación, representa un impacto directo a las labores de combate a homicidios en la entidad.
El ataque ocurrió poco después de las 09:00 horas en la intersección de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. De acuerdo con reportes periciales, al menos dos células de agresores participaron en la emboscada: un vehículo Kia gris bloqueó el paso de la camioneta del funcionario, mientras que una Honda CRV se posicionó a su costado izquierdo, desde donde sujetos armados dispararon de manera masiva.
Tras recibir múltiples impactos, Pantoja perdió la vida de forma instantánea. La inercia del ataque provocó que su unidad continuara en movimiento, impactándose metros adelante contra otro vehículo. Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Ángel Pantoja ocupaba un cargo estratégico dentro de la Fiscalía, al coordinar investigaciones de homicidios dolosos en Ensenada, incluyendo casos vinculados a la delincuencia organizada. Su ejecución no solo representa la pérdida de un mando operativo clave, sino que también envía un mensaje de presión directa contra las instituciones encargadas de investigar delitos de alto impacto.
Tras el ataque, autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron el denominado Operativo Alfa, instalando retenes y puntos de vigilancia en accesos y vialidades principales de la ciudad. La zona fue acordonada para el levantamiento de indicios balísticos y la integración de la carpeta de investigación correspondiente, en un contexto que vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan los operadores del sistema de justicia en regiones con alta incidencia delictiva.
