• Anuncia impugnación ante instancia federal y acusa criterios discriminatorios que dejan en indefensión a mujeres en cargos públicos.
Morelia, Michoacán, jueves 16 de abril de 2026.- La alcaldesa de Uruapan, viuda del ex presidente municipal Carlos Alberto Manzo, arremetió públicamente contra integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), luego de que el órgano jurisdiccional se declarara incompetente para resolver el procedimiento especial sancionador que promovió en contra del senador Gerardo Fernández Noroña por presunta violencia política de género.
El posicionamiento surge tras la resolución adoptada por la mayoría del TEEM, en la que —con base en el proyecto presentado por la magistrada Yurisha Andrade y respaldado por los magistrados Adrián Hernández y Eric López— se determinó que la edil no cuenta con derechos político-electorales en este caso, al no haber sido electa por voto popular, sino designada por el Congreso del Estado tras la ausencia definitiva del alcalde constitucional.
Ante ello, la presidenta municipal calificó la decisión como una “aberración jurídica” y un acto de discriminación institucional, al considerar que se le exigen todas las responsabilidades del cargo, pero se le niegan los mecanismos legales para defenderse. Asimismo, cuestionó que el criterio adoptado genere una división entre servidoras públicas, al establecer —dijo— categorías de primera y segunda en el acceso a la justicia electoral.
En su postura, también señaló como grave que durante la discusión se insinuara la existencia de presiones externas, particularmente del Senado de la República, lo que —afirmó— vulnera la independencia judicial. No obstante, reconoció el voto en contra de las magistradas Alma Bahena Villalobos y Ameli Gisell Navarro Lepe, quienes se pronunciaron a favor de admitir el caso.
La alcaldesa adelantó que impugnará la resolución ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al sostener que existe una “equivalencia funcional” en su encargo, lo que debería garantizarle la misma protección jurídica que a cualquier funcionaria electa. Reiteró que no desistirá en su denuncia y advirtió que este tipo de resoluciones sientan precedentes regresivos en materia de derechos políticos de las mujeres.
