viernes, junio 5, 2026

Sin juez y sin aviso: ahora tu dinero ‘se congela’ por decreto, solo basta una ‘sospecha’ de la UIF… cortesía de la SCJN

  • SCJN avala a la UIF congelar cuentas sin orden judicial: nuevo criterio desata debate por alcance y garantías
  • La medida se considera preventiva y administrativa, no penal; expertos advierten riesgos para la defensa de los usuarios

Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026. — La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, sin intervención del Ministerio Público y sin solicitud de autoridades extranjeras, siempre que existan indicios de operaciones ilícitas de origen nacional, lo que marca un giro relevante en el control financiero del país.

La decisión se tomó en el Pleno del máximo tribunal al resolver una acción de inconstitucionalidad y diversos amparos, fijando un nuevo criterio que permite a la UIF incluir y mantener a personas en la lista de cuentas bloqueadas por razones internas. Con seis votos a favor y tres en contra, se validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo el argumento de que el congelamiento de recursos no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar de carácter administrativo orientada a prevenir delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf respaldó el proyecto que dio sustento a esta facultad ampliada, mientras que la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra y advirtió sobre los riesgos de aplicar bloqueos sin límites claros. Señaló que el criterio anterior permitía esta acción únicamente en cumplimiento de compromisos internacionales, lo que —a su juicio— ofrecía mayor certeza jurídica.

El nuevo posicionamiento de la Corte rompe con interpretaciones previas y fortalece las atribuciones de la UIF como herramienta preventiva del Estado mexicano. No obstante, abre un debate sobre el equilibrio entre la eficacia en el combate a delitos financieros y la protección de los derechos de los ciudadanos, particularmente en lo relativo al acceso a mecanismos de defensa frente a decisiones administrativas de alto impacto.

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