El gobernador de Michoacán anuncia fuerte protesta al Poder Judicial y coordinación con la Fiscalía para reforzar investigaciones; descarta impunidad y anticipa más municipios bajo revisión.
Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.— El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla fijó una postura contundente ante las manifestaciones que exigen la liberación de funcionarios del municipio de Chavinda, detenidos por presuntos vínculos con el CJNG, al advertir que no habrá impunidad, cuestionar decisiones recientes del Poder Judicial del Estado y señalar la posible existencia de una “base social del narco” detrás de las protestas.
El pronunciamiento del mandatario ocurre en un contexto de tensión tras la liberación de 11 policías del municipio de Ecuandureo, resolución que calificó como “verdaderamente terrible” por sus implicaciones en la lucha contra la delincuencia organizada. A partir de ese antecedente, confirmó que hizo llegar una protesta formal al Poder Judicial estatal, subrayando que los nuevos jueces “no fueron electos para repetir prácticas indebidas”.
En cuanto al caso Chavinda, Ramírez Bedolla informó que su administración trabaja de manera coordinada con el fiscal Carlos Torres Piña para fortalecer la integración de las carpetas de investigación y evitar posibles fallas procesales que puedan derivar en liberaciones. Reiteró que el objetivo es garantizar procesos sólidos que permitan sancionar a quienes resulten responsables.
Sobre las movilizaciones registradas, el gobernador fue enfático al señalar que podrían estar impulsadas por intereses vinculados al crimen organizado, al referirse a ellas como parte de una “base social del narco”, lo que —dijo— obliga a ampliar las líneas de investigación más allá de los funcionarios detenidos.
Finalmente, adelantó que existen varios municipios bajo análisis por posibles vínculos con estructuras delictivas, lo que abre un frente adicional en la estrategia de seguridad estatal y anticipa nuevas acciones legales en las próximas semanas.
