• El mandatario advierte “puerta giratoria” y presiona al Poder Judicial para frenar impunidad en casos vinculados al crimen organizado
Morelia, Michoacán, viernes 27 de marzo de 2026. — El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, manifestó su rechazo contundente a la liberación condicional de once policías municipales de Ecuandureo, presuntamente vinculados al crimen organizado, y exigió la intervención inmediata del Poder Judicial para revisar el caso y sancionar posibles actos de corrupción.
El mandatario estatal calificó como grave la resolución judicial que permitió a los uniformados continuar su proceso en libertad bajo medidas cautelares, al considerar que debilita el combate a la delincuencia y refuerza la percepción de impunidad en la entidad.
En entrevista con medios, Ramírez Bedolla fue enfático al fijar su postura: “Estoy totalmente en desacuerdo y pido que el Poder Judicial revise el tema; no podemos permitir más impunidad”. Asimismo, expresó su molestia al señalar que la liberación se dio “de manera corrupta”, por lo que urgió al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán a investigar la actuación del juez involucrado.
Contexto del caso
Los once elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo fueron detenidos el pasado 23 de febrero por la Guardia Civil en posesión de armas largas, drogas y equipo táctico con insignias presuntamente ligadas a un grupo criminal. Posteriormente, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, en días recientes, un juez de control determinó modificar su situación jurídica, otorgándoles la libertad condicional con medidas como firma periódica, restricción de movilidad y prohibición de salir del país, lo que generó una fuerte reacción del Ejecutivo estatal.
El gobernador criticó la actuación del sistema judicial y lanzó un llamado directo a sus integrantes para asumir con mayor responsabilidad su función: “Que no solo estén en los escritorios y tomando café, que se pongan a trabajar por el pueblo de Michoacán”, declaró.
Además, reiteró que en Michoacán no se tolerará más corrupción ni decisiones que favorezcan la impunidad, insistiendo en que el caso debe revisarse a fondo para garantizar justicia.
Implicaciones legales y presión institucional
La resolución ha reavivado el debate sobre la llamada “puerta giratoria” en el sistema de justicia penal, donde imputados por delitos graves logran enfrentar sus procesos en libertad. En este sentido, el mandatario estatal evitó profundizar sobre la actuación del Ministerio Público, pero reiteró su exigencia central: que se haga justicia y se sancione cualquier irregularidad en la actuación judicial.
