La mayoría avala reformas constitucionales, pero descarta modificar el artículo 35; oposición acusa concentración de poder
Ciudad de México, jueves 26 de marzo de 2026.- El pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el denominado “Plan B” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque sin incluir la propuesta de adelantar la revocación de mandato a 2027, luego de que dicha modificación fuera rechazada por el Partido del Trabajo (PT), aliado legislativo de Morena.
La aprobación del dictamen, que contempla reformas a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, se dio con 87 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, frente a 41 votos en contra de legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el senador sin partido Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente, el documento fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
El punto de quiebre en la discusión fue la propuesta de reforma al artículo 35 constitucional, impulsada desde el Ejecutivo federal, que buscaba empatar la revocación de mandato con el proceso electoral de 2027. En tribuna, la senadora del PT, Lizeth Sánchez, presentó una reserva para eliminar dicha modificación, argumentando que mezclar ambos procesos podría distorsionar su naturaleza democrática. La propuesta fue aprobada por el pleno, dejando intacto el texto vigente de la Constitución en esa materia.
Durante el debate, se evidenciaron tensiones incluso entre fuerzas aliadas. Aunque el PT reiteró su respaldo al gobierno federal, marcó distancia en este punto específico al considerar que la iniciativa comprometía la esencia de la revocación de mandato. La decisión fue celebrada por legisladores de oposición, quienes corearon consignas tras la eliminación del artículo.
En paralelo, el intercambio político escaló en intensidad. La senadora del PAN, Lilly Téllez, protagonizó un enfrentamiento verbal con el senador de Morena, Saúl Monreal, a quien lanzó acusaciones directas desde su escaño, mismas que fueron rechazadas de inmediato por el legislador zacatecano, quien exigió pruebas y calificó los señalamientos como falsos.
Las reformas aprobadas incluyen cambios relevantes en la integración de los ayuntamientos, que podrán conformarse con hasta 15 regidores bajo principio de paridad de género; además, se establece un tope del 0.7% al presupuesto de los Congresos estatales y se acotan las remuneraciones de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.
Mientras el bloque oficialista defendió las modificaciones como un esfuerzo para erradicar privilegios en el aparato público, la oposición advirtió que estas medidas podrían debilitar el equilibrio institucional, concentrando poder en el partido gobernante y afectando el pacto federal. La discusión, que se prolongó por más de seis horas, reflejó la polarización política en torno a una de las reformas más relevantes del actual sexenio.
