• La investigación en Estados Unidos revela el intento de envío de lanzacohetes, minas y rifles de alto poder al cártel mexicano
20 de marzo de 2026, México.– Autoridades estadounidenses revelaron la existencia de una red internacional de tráfico de armas, encabezada por un ciudadano de Bulgaria, que presuntamente suministraba armamento militar y explosivos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más peligrosos del país.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, esta estructura criminal operaba fuera de los canales tradicionales de abastecimiento —comúnmente vinculados a Estados Unidos—, evidenciando la diversificación en las rutas de suministro de armas hacia organizaciones delictivas en México.
El presunto líder de la red fue identificado como Peter Dimitrov Mirchev, detenido el 8 de abril de 2025 en España y posteriormente extraditado a territorio estadounidense. Junto a él, operaban ciudadanos de origen africano: Elisha Odhiambo Asumo, Subiro Osmund Mwapinga y Michael Katungi Mpweire, quienes habrían participado en la logística para el suministro de armamento.
Según las indagatorias, el grupo traficaba equipo de alto poder, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador, minas antipersona, armas antiaéreas y dispositivos de visión nocturna. Parte del esquema contemplaba la obtención de certificados falsos de usuario final a nombre de las fuerzas armadas de Tanzania, con el fin de facilitar la exportación ilegal de al menos 50 rifles AK-47 y municiones provenientes de Bulgaria.
Las autoridades estadounidenses estiman que el valor del armamento destinado al CJNG asciende a aproximadamente 53.7 millones de euros, equivalentes a cerca de 58 millones de dólares, lo que refleja la magnitud de la operación y su impacto potencial en la violencia criminal.
De acuerdo con las declaraciones recabadas, el objetivo del arsenal era fortalecer las capacidades del cártel para resguardar y facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en medio de la constante disputa territorial con grupos rivales y fuerzas de seguridad.
En el ámbito legal, los implicados enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de drogas y armas, así como por el suministro de artefactos explosivos a organizaciones criminales. De ser encontrados culpables, podrían recibir sentencias que van desde los 10 años de prisión hasta cadena perpetua en Estados Unidos, conforme a la legislación federal vigente.
Este caso pone en evidencia la creciente sofisticación de las redes del crimen organizado, así como su capacidad para establecer vínculos transnacionales que amplían su poder operativo más allá de las fronteras mexicanas.
