• El gobernador subrayó que las manifestaciones partidistas forman parte de los derechos constitucionales y reflejan el debate político del momento.
Morelia, Michoacán, 2 de febrero de 2026.– El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que los dos principales eventos políticos masivos realizados este fin de semana en la entidad —encabezados por actores de Morena y del PAN— deben entenderse como ejercicios plenamente amparados por el derecho constitucional a la libre expresión política.
Al referirse a ambos actos, el mandatario estatal señaló que se trata de manifestaciones legítimas de posiciones políticas que hoy se expresan abiertamente en el país, protegidas por la Constitución y las leyes, sin distinción de ideologías o fuerzas partidistas.
Ramírez Bedolla explicó que estas expresiones públicas se inscriben en el contexto político nacional e internacional actual, marcado por temas como la relación con Estados Unidos, el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la defensa de la soberanía nacional. En este escenario, subrayó que el debate y la participación política abierta son elementos esenciales de la vida democrática.
El gobernador insistió en que México debe mantener una relación de colaboración con sus vecinos, pero siempre desde una posición de respeto y sin subordinación, postura que —dijo— ha sido clara desde la Presidencia de la República. En ese sentido, reiteró su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que la unidad en torno a su liderazgo es clave frente a los retos internacionales que enfrenta el país.
Sobre el evento encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, Ramírez Bedolla recalcó que también es una expresión política válida y protegida por la Constitución, al tratarse del derecho de las personas y actores políticos a manifestar públicamente sus ideas y posturas.
Con estas declaraciones, el titular del Ejecutivo estatal dejó en claro que, más allá de diferencias partidistas, las movilizaciones recientes deben leerse como parte del ejercicio democrático y del derecho a la libre expresión política que rige en el país.
