El decreto publicado en el DOF pone término al programa de regularización vigente desde 2022; a partir de 2026, los trámites deberán ajustarse a la normativa general de comercio exterior.
Ciudad de México, jueves 1 de enero de 2026.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó un decreto que pone fin de manera definitiva al programa de regularización de vehículos usados importados de forma irregular, conocidos como “autos chocolate”, esquema que operó desde 2022 y que permitió la legalización simplificada de más de 2.5 millones de unidades.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y abroga el acuerdo original de octubre de 2021, el decreto principal de diciembre de 2022 y todas sus modificaciones posteriores. Con ello, el Gobierno federal cierra un capítulo de política pública que marcó la gestión anterior y fija nuevas reglas a partir de 2026.
El programa, impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, permitió regularizar vehículos a cambio de un pago único de 2 mil 500 pesos por unidad, principalmente en estados fronterizos y entidades con alta movilidad migratoria. De acuerdo con el documento oficial, los recursos recaudados se destinaron a obras de pavimentación en municipios participantes.
En su justificación, el Gobierno federal sostuvo que el esquema cumplió su objetivo de otorgar certeza jurídica a las y los propietarios, proteger el patrimonio familiar y fortalecer la seguridad pública mediante la identificación vehicular. Sin embargo, el decreto subraya que, a partir del 1 de enero de 2026, no se aceptarán nuevos trámites bajo este mecanismo.
Con la nueva disposición, la importación de vehículos usados deberá ajustarse exclusivamente a las normas generales de comercio exterior, cerrando la puerta a prórrogas o regularizaciones extraordinarias.
La decisión vuelve a colocar en la agenda el debate que rodeó al programa: mientras sectores populares respaldaron la medida por facilitar el acceso a la legalización vehicular, la industria automotriz nacional mantuvo críticas por considerar que distorsionó el mercado y afectó la competitividad del sector formal. Con el decreto, la administración de Sheinbaum marca distancia y redefine el rumbo de esta política.
