La iniciativa plantea reducir estructuras municipales y ajustar salarios en órganos electorales, en medio del debate por austeridad y representación política.
Ciudad de México, martes 17 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes será enviada al Senado de la República la iniciativa del denominado “Plan B” de reforma electoral, la cual propone limitar el número de regidores en los municipios, establecer un tope al gasto de los Congresos locales y reducir los salarios de altos funcionarios electorales, como parte de una política de austeridad y reconfiguración institucional.
El anuncio se da en un contexto de discusión nacional sobre el costo de la democracia y la eficiencia de las estructuras de representación. De acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo federal, la reforma busca ajustar el tamaño de los órganos municipales y legislativos estatales para hacerlos más “funcionales y menos onerosos”.
Durante la presentación de los puntos clave, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que la iniciativa contempla fijar en 15 el número máximo de regidores en los ayuntamientos del país, así como establecer un límite de 0.70% del presupuesto estatal para el funcionamiento de los Congresos locales.
Asimismo, uno de los ejes más relevantes del proyecto es la reducción de salarios de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral, con el objetivo de que ninguno perciba ingresos superiores al de la titular del Ejecutivo federal, en concordancia con la política de austeridad republicana.
En cuanto a los temas sensibles, la propuesta abre el debate sobre la representación política en los municipios, ya que la reducción de regidores podría impactar la pluralidad en cabildos, mientras que el tope presupuestal a Congresos locales genera cuestionamientos sobre su capacidad operativa y autonomía.
El envío de la iniciativa al Senado marca el inicio de un nuevo proceso legislativo que se anticipa complejo, con posibles resistencias de distintos sectores políticos y jurídicos, especialmente en lo referente a la autonomía de los órganos electorales y el equilibrio de poderes en el ámbito local.
