- La reforma electoral en discusión omitiría el principio constitucional de paridad en la integración de ayuntamientos, lo que ya genera críticas desde la oposición.
Ciudad de México, martes 17 de marzo de 2026.– La reciente propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como “Plan B”, desató polémica en el Congreso de la Unión luego de que la diputada Kenia López Rabadán advirtiera que el proyecto eliminaría el principio de paridad de género en la integración de los ayuntamientos, un derecho constitucional vigente desde 2019.
La iniciativa, recibida este martes en el Senado de la República, contempla modificaciones a diversos artículos constitucionales y leyes secundarias, incluyendo aspectos vinculados a la organización municipal y el sistema electoral. Tras su publicación en la Gaceta Parlamentaria, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre posibles retrocesos en materia de representación política de las mujeres.
En ese contexto, López Rabadán —presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados— expresó públicamente su preocupación, señalando que la omisión del principio de paridad constitucional representa “un grave error que lastima la historia de las mujeres”. La legisladora recordó que dicha disposición fue aprobada por unanimidad en 2019, como resultado de décadas de lucha por la igualdad política.
El señalamiento se centra específicamente en la modificación al artículo 115 constitucional. Mientras el texto vigente establece que los ayuntamientos deben integrarse conforme al principio de paridad, la propuesta de reforma elimina dicha referencia y se limita a definir la estructura municipal con una sindicatura y entre siete y quince regidurías, sin mencionar el equilibrio de género.
De acuerdo con lo expuesto por Ricardo Monreal, uno de los objetivos de la iniciativa es establecer límites en el número de integrantes de los cabildos y simplificar su estructura. Sin embargo, la ausencia explícita del principio de paridad ha sido interpretada por sectores de oposición como un posible retroceso en derechos políticos.
La paridad de género en México constituye un mandato constitucional que garantiza la participación equilibrada de mujeres y hombres en cargos públicos. Este principio fue consolidado con la reforma de “Paridad en Todo” en 2019, considerada un avance histórico en la vida democrática del país.
Ante la controversia, se prevé que el Senado realice una discusión amplia del proyecto en los próximos días, en medio de un clima político marcado por el debate sobre los alcances y posibles implicaciones de esta reforma electoral.
Con todo respeto a la Presidencia de la República y a sus asesores:
— Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) March 17, 2026
Pero eliminar el PRINCIPIO DE PARIDAD CONSTITUCIONAL en el plan B es un grave error que lastima la historia de las MUJERES.
Por décadas se luchó y se aprobó por unanimidad en 2019. Doy por hecho que es un error… pic.twitter.com/M4RRhH3Dnn
