• Tras el rechazo a la reforma constitucional, el gobierno federal analiza ajustes legales que no requieren mayoría calificada en el Congreso.
12 de marzo de 2026. Ciudad de México. Luego del rechazo legislativo a la reforma electoral constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal perfila un “Plan B” enfocado en modificar disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) y ajustar los mecanismos de resultados electorales, cambios que podrían aprobarse únicamente con la mayoría legislativa de Morena en el Congreso.
La ruta alternativa surge luego de que el Congreso rechazara la reforma constitucional en materia electoral, lo que impide que varios de los temas propuestos vuelvan a discutirse durante al menos un año. Así lo advirtió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien señaló que los 11 artículos planteados en la iniciativa original quedaron congelados tras la votación legislativa.
Entre los puntos que ya no podrían modificarse se encuentra el financiamiento público de los partidos políticos, cuya fórmula de reparto está establecida directamente en la Constitución. Actualmente, el 70 por ciento de los recursos se asigna con base en la votación obtenida por cada partido y el 30 por ciento restante se distribuye en partes iguales, esquema que permanecerá intacto al menos durante el próximo año.
Incluso partidos de oposición y aliados legislativos han advertido que no permitirán que lo rechazado por la vía constitucional sea reintroducido mediante cambios legales. Sin embargo, especialistas y legisladores reconocen que existen otros ámbitos regulados por la legislación secundaria que sí podrían modificarse.
Uno de los temas que podría entrar en discusión es la eventual desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mecanismo que difunde resultados preliminares la noche de la elección. La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado previamente que este sistema podría considerarse innecesario si se adelantan los cómputos distritales.
Actualmente, la legislación establece que el conteo distrital inicia el miércoles posterior a la jornada electoral. La propuesta del gobierno plantea que este proceso comience desde el domingo, conforme se reciban las actas de las casillas.
La eventual eliminación del PREP ha generado advertencias desde el organismo electoral. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha señalado que prescindir de este sistema podría generar incertidumbre entre la ciudadanía al no contar con resultados preliminares durante la noche de la elección.
Otro de los ejes del posible “Plan B” es la revisión del presupuesto y la estructura operativa del instituto electoral. La ley establece actualmente que el INE cuenta con 32 delegaciones estatales y 300 subdelegaciones distritales, además de oficinas municipales que pueden crearse según las necesidades del proceso electoral.
El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, ha explicado que la intención del gobierno es simplificar esta estructura y generar ahorros en la organización de las elecciones.
La legislación también regula otros aspectos del funcionamiento electoral, como el Servicio Profesional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los mecanismos de conteo rápido que permiten estimar tendencias el mismo día de la votación.
Será hasta que el Ejecutivo federal presente formalmente la propuesta cuando se conozca el alcance del llamado “Plan B”, así como los cambios específicos que el gobierno intentará impulsar por la vía legal sin requerir acuerdos con la oposición en el Congreso.
