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viernes, marzo 6, 2026

Apuestas sobre una posible salida anticipada de Sheinbaum de la presidencia desatan polémica; la presidenta ordena investigar a Polymarket

Refrendo vehicular 2026

La presidenta instruye a Gobernación revisar la regulación de la plataforma de criptomonedas tras abrir mercado especulativo sobre el fin de su mandato.

Ciudad de México, 1 de marzo de 2026.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este sábado que su gobierno abrió una carpeta de investigación contra la plataforma de apuestas con criptomonedas Polymarket, luego de que el sitio habilitara un mercado sobre la posibilidad de que deje el cargo antes de concluir su sexenio en 2030.

La mandataria señaló que instruyó a la Secretaría de Gobernación a revisar si la operación de dicha plataforma está regulada en territorio mexicano y si existe competencia jurídica para investigar su funcionamiento. “Pediré a la Secretaría de Gobernación revisar si esa plataforma está regulada en México, y ver si se puede investigar su operación aquí”, declaró.

El anuncio se dio tras hacerse público que en Polymarket circula un mercado titulado en torno a la posible salida anticipada de la presidenta. De acuerdo con los datos visibles en la plataforma, las probabilidades marcaban 2% de que el escenario ocurriera antes del 31 de enero de 2026 y cerca de 6% antes del 30 de junio del mismo año.

Como respuesta, Sheinbaum envió un mensaje directo a quienes participan en este tipo de apuestas: “Que apuesten por septiembre de 2030”, en referencia a la fecha constitucional de conclusión de su mandato.

El episodio reavivó el debate público sobre los límites de la especulación política en entornos digitales, particularmente en plataformas descentralizadas que operan con activos digitales y fuera de esquemas regulatorios tradicionales. Especialistas han señalado que, debido a su naturaleza basada en blockchain y su estructura internacional, este tipo de servicios suelen escapar a la regulación directa de los Estados nacionales, lo que complica cualquier intento de sanción o bloqueo.

El caso también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado mexicano para supervisar mercados predictivos vinculados a procesos políticos, así como sobre los alcances legales de eventuales acciones administrativas o penales en un entorno tecnológico descentralizado.

Hasta el momento, no se han precisado los alcances de la investigación ni las posibles medidas que podría adoptar el gobierno federal.

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