- La propuesta atribuye ahorros millonarios, pero especialistas advierten que podría debilitar la estructura profesional que garantiza elecciones confiables.
20 de febrero de 2026, Morelia, Michoacán.– Una propuesta de reforma electoral atribuida a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha encendido alertas por su intención de reconfigurar de manera profunda al Instituto Nacional Electoral, bajo el argumento de generar un ahorro de hasta 5 mil 895 millones de pesos. El planteamiento contempla transformar órganos permanentes en temporales, reducir estructuras operativas estratégicas y eliminar áreas clave del organismo autónomo.
De acuerdo con el documento que circula como borrador, el mayor ajuste recaería en las Juntas Distritales Ejecutivas, cuya estructura pasaría de permanente a temporal y su presupuesto disminuiría en 70%. El ahorro estimado sería de 4 mil 360 millones de pesos en años sin elección federal, es decir, cada tercer año. La propuesta prevé que estos cambios entren en vigor hasta después del proceso intermedio de 2028.
Sin embargo, el rediseño no es menor. Las Juntas Distritales son responsables de capacitar a funcionarios de casilla, proponer la ubicación de centros de votación, actualizar el padrón electoral y mantener la logística operativa del sistema electoral. Convertirlas en órganos temporales —y reducir a un solo vocal su integración en año electoral— implicaría un quiebre en la continuidad técnica que ha sido parte medular del modelo electoral mexicano desde la década de los noventa.
Además, se plantea un recorte de hasta 70% en las Juntas Locales Ejecutivas, la eliminación de dos consejeros electorales y la desaparición de la Coordinación de Asuntos Internacionales, área encargada de la observación electoral extranjera. Si bien el ahorro presupuestal es presentado como el eje central, críticos sostienen que el impacto institucional podría ser más profundo que el beneficio financiero anunciado.
Especialistas han advertido que la temporalidad de las estructuras distritales podría poner en riesgo la actualización permanente del padrón electoral y debilitar el servicio profesional de carrera del instituto. La profesionalización técnica ha sido uno de los pilares que otorgó credibilidad a los procesos electorales tras décadas de desconfianza en los años ochenta y principios de los noventa.
El debate también se ha trasladado al ámbito político. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló inicialmente que el documento difundido era falso, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que se trata de un borrador oficial en proceso de ajuste. Además, no estaría garantizado el respaldo del Partido Verde ni del Partido del Trabajo, lo que abre un escenario de negociación legislativa compleja.
El punto crítico no es únicamente el ahorro, sino la posible erosión de la certeza electoral. La permanencia de estructuras técnicas permitió durante más de tres décadas la consolidación de un padrón robusto y procedimientos estandarizados que redujeron disputas poselectorales. Debilitar esa arquitectura bajo criterios predominantemente presupuestales podría implicar costos políticos e institucionales superiores al beneficio fiscal proyectado.
En el fondo, la discusión enfrenta dos visiones: una que prioriza la austeridad y otra que defiende la estabilidad institucional como garantía democrática. Lo que está en juego no es solo el tamaño del INE, sino el diseño del sistema electoral que ha sustentado la alternancia y la competencia política en México durante las últimas décadas.






