El diputado de Morena advierte que, si se citan a actores señalados, también debería comparecer el gobernador por los mismos elementos difundidos públicamente.
18 de febrero de 2026, Morelia, Michoacán. En entrevista, el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, se pronunció sobre la denuncia presentada por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ante la Fiscalía General de Michoacán en contra del senador Raúl Morón Orozco, el diputado Leonel Godoy y el exalcalde Ignacio Campos, en el contexto de la investigación por el homicidio del exfuncionario Carlos Manzo. El legislador sostuvo que corresponderá a la autoridad ministerial acreditar o desacreditar los señalamientos, pero llamó a evitar que el caso se convierta en un instrumento político.
Barragán Vélez explicó que la denuncia se apoya en declaraciones y en la difusión de videos que el propio Carlos Manzo publicó antes de su asesinato. Bajo ese argumento, afirmó que, si la Fiscalía decide citar a declarar a los personajes mencionados por la alcaldesa, tendría que actuar con el mismo criterio respecto a todos los actores que aparezcan en esos materiales.
En ese sentido, mencionó que incluso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla debería comparecer si los videos son considerados elementos probatorios, al igual que cualquier otro servidor público aludido, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también fue mencionada en señalamientos del hoy fallecido.
El diputado morenista subrayó que el fiscal general, Carlos Torres Piña, enfrenta “una gran tarea y una gran responsabilidad” en la conducción del caso. Señaló que la ciudadanía exige verdad y justicia, pero también seriedad procesal, tanto para las víctimas como para quienes presentan denuncias formales.
Barragán cuestionó además que existan —según sus datos— más de siete mil carpetas de investigación y órdenes de aprehensión pendientes de ejecución en el estado, mientras que los casos de alto perfil mediático reciben mayor atención pública.
Sobre el posible trasfondo político de la denuncia, el legislador afirmó que se trata “meramente de un tema político” y que, a su juicio, carece de argumentos jurídicos sólidos, al considerar que las pruebas presentadas son “dichos y no hechos”. Añadió que será la propia Fiscalía quien determine si procede o no llamar a declarar a los señalados, pero pidió que, en caso contrario, se elimine el “ruido político” en torno a un homicidio que calificó como lamentable.
Finalmente, rechazó que la denuncia afecte al movimiento encabezado por Raúl Morón, y sostuvo que existe la percepción de una estrategia política por parte de actores que aspiran a la gubernatura, enfatizando que la prioridad debe ser esclarecer el crimen y garantizar justicia, sin sesgos ni selectividad institucional.
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