• Gobernador afirma que según información el aumento de hasta 1000% en recibos podría responder a una actualización catastral y que corresponde al órgano administrativo resolver las quejas ciudadanas.
16 de febrero de 2026, Morelia, Michoacán.– El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla descartó que exista un juicio político en curso contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y aseguró que el conflicto derivado del incremento en el impuesto predial en el municipio corresponde exclusivamente a un tema administrativo que deberá ser resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
El mandatario estatal señaló que desde hace un par de semanas ciudadanos de Uruapan han presentado quejas formales tras detectar incrementos que van del 300 al 1000 por ciento en sus recibos de predial. De acuerdo con lo expuesto, hay contribuyentes que pasaron de pagar alrededor de 600 pesos a montos cercanos a los 7 mil pesos, situación que generó inconformidad y recursos legales por la vía administrativa.
Ramírez Bedolla fue enfático en que las denuncias interpuestas no constituyen un asunto político, sino procedimientos ciudadanos enmarcados en la legalidad. Precisó que los recursos han sido promovidos contra determinaciones del área administrativa del Ayuntamiento y la Tesorería municipal, y no directamente contra la presidenta municipal.
Explicó que el Congreso del Estado de Michoacán autorizó para este año un ajuste general aproximado del seis por ciento en el predial para los municipios; sin embargo, los aumentos superiores estarían relacionados con un proceso de actualización catastral. Será el tribunal autónomo el que determine, caso por caso, si dichos incrementos se apegan a derecho o si hubo irregularidades en su aplicación.
Asimismo, indicó que dentro de sus atribuciones, la Auditoría Superior de Michoacán puede revisar las determinaciones municipales relacionadas con la recaudación, en caso de que así lo soliciten los diputados locales.
El gobernador subrayó que el Gobierno del Estado de Michoacán mantiene coordinación y respaldo institucional al Ayuntamiento de Uruapan y que continuará el trabajo conjunto con la alcaldesa en materia de obras y proyectos para el municipio. Reiteró que, hasta el momento, no existe fundamento para hablar de juicio político ni de persecución, sino de un procedimiento administrativo impulsado por ciudadanos que ejercen su derecho a impugnar cobros que consideran excesivos.
Finalmente, sostuvo que la resolución de este conflicto dependerá exclusivamente de las instancias competentes, en apego al marco legal y con respeto a la autonomía de los órganos jurisdiccionales.
