• Seguridad Pública y Finanzas, dos áreas estratégicas del sexenio anterior, quedan bajo investigación federal por presunto manejo irregular de recursos.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2026. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó órdenes de aprehensión contra Israel Patrón Reyes y Carlos Maldonado Mendoza, quienes se desempeñaron como secretarios de Seguridad Pública y de Finanzas durante la administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán.
Ambos exfuncionarios son señalados por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, así como por otorgar autorizaciones de contenido económico indebidas relacionadas con pagos realizados en 2020. De acuerdo con la carpeta de investigación, se habrían tramitado al menos 55 solicitudes de pago a Grupo Octano SA de CV y 28 solicitudes de ejecución presupuestaria a favor de Centro Carretero San Jorge SA de CV, utilizando recursos provenientes de Participaciones Federales y partidas estatales.
La indagatoria deriva de una denuncia presentada en junio de 2023 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que coloca el caso dentro de un proceso formal de fiscalización derivado de revisiones al ejercicio del gasto público.
En términos jurídicos, las imputaciones son individuales; sin embargo, el peso político del caso radica en las posiciones que ocupaban los señalados. Seguridad y Finanzas constituyen dos de las áreas con mayor influencia administrativa y presupuestal dentro de una estructura gubernamental.
Con estas acciones, el foco público se concentra en el primer círculo de decisión del sexenio anterior. La investigación sobre quienes encabezaban dependencias clave reconfigura el escenario político en Michoacán y abre el debate sobre el alcance que podrían tener los procesos judiciales en curso.
Aunque hasta ahora las órdenes se dirigen específicamente contra exintegrantes del gabinete, el avance del caso plantea interrogantes sobre la dimensión estructural de las decisiones administrativas tomadas durante ese periodo.
De acreditarse los hechos ante autoridad judicial, los implicados podrían enfrentar penas de prisión que van de seis meses hasta doce años. El proceso aún deberá atravesar las etapas correspondientes dentro del sistema penal.
Por ahora, las órdenes solicitadas contra piezas estratégicas del gabinete anterior marcan un nuevo capítulo en las investigaciones federales y colocan en el centro del debate público una pregunta que comienza a tomar fuerza en la arena política: ¿se está estrechando el cerco político y penal en torno al pasado gobierno estatal?
