• El edil morenista fue detenido junto a tres funcionarios clave tras denuncias de empresas trasnacionales; el caso se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Tequila, Jalisco, 5 de febrero de 2026.— En un operativo federal de alto impacto contra la corrupción institucional, el presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido junto con tres altos mandos de su administración, acusado de encabezar una red de extorsión contra empresas tequileras y de cometer delitos graves desde el aparato de gobierno local, en uno de los golpes más contundentes a un ayuntamiento en la región Valles.
La detención se realizó como parte del Operativo Enjambre, una acción coordinada por fuerzas federales que incluyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
De acuerdo con información oficial, junto al alcalde de extracción morenista fueron arrestados funcionarios considerados piezas clave del esquema criminal: el director de Seguridad Pública, señalado por el uso de la fuerza municipal para intimidar; el titular de Catastro y Predial, acusado de manipular tabuladores fiscales para inflar cobros; y el director de Obras Públicas, presuntamente involucrado en permisos irregulares y clausuras selectivas como mecanismo de presión.
La investigación federal se detonó tras una denuncia penal presentada por la empresa José Cuervo, la mayor productora de tequila a nivel mundial, que acusó al edil de exigir un pago ilícito de 60 millones de pesos a cambio de no clausurar la planta Cuervo 1800. Aunque el monto legal por licencias no superaba el millón de pesos anuales, el gobierno municipal habría utilizado inspecciones y amenazas administrativas para forzar el cobro. Aun cuando una mediación redujo la cifra a 17 millones de pesos, la empresa decidió proceder legalmente por el delito de extorsión.
Según el Gobierno de Jalisco, al menos otras diez empresas tequileras denunciaron haber sido víctimas del mismo modus operandi, lo que permitió a las autoridades federales documentar un patrón sistemático de abuso de poder, cobros ilegales y uso faccioso de las dependencias municipales.
La administración de Diego Rivera Navarro, quien asumió el cargo en octubre de 2024, estuvo marcada por la controversia desde sus primeros meses. En marzo de 2025, el alcalde ordenó el cierre del Museo Nacional de Tequila (MUNAT) sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para convertir el inmueble en oficinas privadas y, posteriormente, en una residencia personal, incluyendo la construcción de un departamento dentro del auditorio del recinto histórico.
A esto se suman señalamientos por violencia política de género. Tres regidoras denunciaron acoso, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones. La regidora Karina Romero declaró haber recibido advertencias de “levantones”, mientras que a la regidora Luz Elena Aguirre le fue clausurado el negocio familiar tras votar en contra de un crédito municipal por 22 millones de pesos.
Actualmente, Diego Rivera Navarro —identificado legalmente como Diego “N”— enfrenta cargos por extorsión, delincuencia organizada, violencia política de género y delitos contra el patrimonio histórico. Los detenidos fueron trasladados a disposición de un juez federal, mientras continúan las investigaciones para determinar la dimensión total de la red de corrupción y posibles vínculos con otros niveles de gobierno.
RED Michoacán seguirá dando seguimiento a un caso que sacude no solo al corazón de la región tequilera, sino al debate nacional sobre el uso del poder municipal como instrumento de extorsión sistemática.
