• La Segunda Sala Penal ratificó la condena, la suspensión de derechos políticos y el pago de más de 1.2 millones de pesos por reparación del daño, en cumplimiento de un amparo federal.
Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.— La Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia emitió una nueva resolución dentro de la causa penal por el delito de feminicidio cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales J.G.V., en estricto cumplimiento de una ejecutoria de amparo federal, con lo que se confirmó la sentencia condenatoria contra Diego Urik “N”.
La resolución, dictada en esta misma fecha, ratifica la pena de 50 años de prisión impuesta al sentenciado, misma que deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020. Además, se confirmó la suspensión de sus derechos políticos y su responsabilidad en el pago de la reparación del daño en favor de las víctimas indirectas.
El caso se encuentra enmarcado en un proceso de revisión jurisdiccional derivado de un amparo federal, lo que obligó a la Sala a emitir una nueva determinación sin modificar el sentido de la condena original, reafirmando la responsabilidad penal del sentenciado por un delito considerado de máxima gravedad.
En cuanto a las consecuencias legales y económicas, el magistrado ratificó la obligación de Diego Urik “N” de cubrir un monto de 1 millón 246 mil 986 pesos con 40 centavos, correspondiente a indemnización y gastos mortuorios, así como la reparación del daño moral por las afectaciones psicológicas ocasionadas a los familiares de la víctima. Este último concepto será cuantificado en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a los lineamientos legales vigentes.
La determinación judicial se da en un contexto en el que los delitos de violencia feminicida continúan siendo un tema sensible y de alta relevancia social y jurídica en Michoacán y en el país, por lo que la resolución busca garantizar certeza jurídica, justicia para las víctimas y el respeto al debido proceso.
El Poder Judicial de Michoacán reiteró su compromiso con una justicia pronta y expedita, la protección integral de los derechos de las víctimas y el cumplimiento estricto de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales federales, como parte del proceso de fortalecimiento institucional del nuevo sistema de justicia en la entidad.
