• El atentado ocurrió tras una comparecencia en el Congreso; ambos legisladores fueron trasladados a un hospital y su estado de salud se mantiene reservado.
Sinaloa, 28 de enero de 2026.— La violencia volvió a alcanzar a actores políticos en Sinaloa, luego de que la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fueran atacados a balazos por sujetos armados, minutos después de salir del Congreso del Estado, donde participaron en una comparecencia oficial.
De acuerdo con la información disponible, el ataque se registró cuando ambos legisladores se desplazaban a bordo de un vehículo sobre el bulevar Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, a escasa distancia de las oficinas del propio dirigente partidista. Tras la agresión, Montoya Ojeda y Torres Félix resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a un hospital, sin que hasta el momento se haya dado a conocer un parte médico oficial sobre su estado de salud.
El hecho se produjo poco después de que los representantes de Movimiento Ciudadano acudieran al recinto parlamentario para participar en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho, en un ejercicio de rendición de cuentas relacionado con el tema del endeudamiento público.
Sergio Torres Félix, en su calidad de líder estatal del llamado movimiento naranja, fue el primer diputado en intervenir durante el proceso de cuestionamientos al funcionario estatal. Al concluir su participación, abandonó el Congreso acompañado de la legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, momento en el que posteriormente ocurrió la agresión armada.
Según los primeros reportes, los atacantes dispararon contra el vehículo desde ambos costados, para luego darse a la fuga, lo que activó un operativo de seguridad en la zona. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido públicamente el móvil del ataque.
El atentado ha generado preocupación en el ámbito político estatal, al tratarse de una agresión directa contra representantes populares en el contexto de actividades institucionales, lo que reaviva el debate sobre la seguridad de funcionarios y legisladores en Sinaloa.
