• Autoridades descartan, hasta ahora, vínculo con delincuencia organizada o con la labor profesional de las víctimas.
Morelia, Mich., 27 de enero de 2026. El fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó este martes sobre los avances y el estado actual de las investigaciones en torno al multihomicidio de una familia integrada por dos adultos, ambos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, y su hija menor de edad, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida e incinerados en el municipio de Zinapécuaro, un caso que ha generado profunda indignación social.
Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición de Víctor Manuel, Anayeli y su hija, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó los protocolos legales correspondientes, actuando —aseguró el fiscal— con debida diligencia, sin omisiones ni retrasos, y manteniendo comunicación directa y permanente con los familiares de las víctimas, quienes acudieron oportunamente a denunciar los hechos.
Torres Piña explicó que, de manera inmediata, se pusieron en marcha los mecanismos de búsqueda e investigación previstos en la ley, priorizando la atención a las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las indagatorias. Subrayó que este multihomicidio ha impactado de manera particular a la sociedad, ya que se trataba de una familia ampliamente conocida y reconocida por su labor como intérpretes de lengua de señas y por su compromiso con las personas con discapacidad, lo que refuerza la obligación institucional de esclarecer plenamente los hechos y garantizar justicia.
En apego al debido proceso, la Fiscalía determinó realizar pruebas de ADN para la identificación de los cuerpos, con el objetivo de brindar certeza plena a los familiares mediante un reconocimiento con sustento científico, técnico y jurídico, respetando en todo momento las obligaciones legales que rigen la actuación ministerial.
Derivado de las labores de investigación, el fiscal confirmó que ya se cuenta con una persona detenida: Alfredo “N”, de 47 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Paralelamente, continúan las acciones para localizar a otros probables involucrados, agotando todas las líneas de investigación disponibles.
Con base en los actos realizados hasta el momento, la Fiscalía no advierte que el multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensoras de derechos humanos. No obstante, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos mantiene un seguimiento puntual del caso y una comunicación estrecha con el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como parte de un enfoque integral.
En la reconstrucción cronológica de los hechos, Torres Piña detalló que el caso se hizo público el 17 de enero, cuando alrededor de las 12:07 horas fueron localizados tres cuerpos sin vida en la comunidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro. Ese mismo día, a las 00:35 horas, familiares de Anayeli, Víctor y su hija menor acudieron a presentar las denuncias por desaparición y solicitaron la activación y difusión de las cédulas de búsqueda, petición que —dijo— fue respetada por la autoridad.
Durante la tarde del 17 de enero, personal de la Fiscalía realizó inspecciones en el domicilio de las víctimas, donde se localizaron diversos indicios de posibles agresiones, como residuos hemáticos, objetos quebrados y desorden en varias habitaciones. Posteriormente, el 18 de enero, el análisis de la información permitió establecer varias líneas de investigación que derivaron en datos relevantes sobre los probables responsables.
El fiscal explicó que el 23 de enero se acudió a distintos establecimientos para dar seguimiento a la movilidad de los vehículos involucrados, tanto el que arribó al domicilio familiar como el vehículo de la propia familia, que salió de Morelia rumbo a la Ciudad de México el 15 de enero. Esta información fue obtenida mediante registros de una gasolinera y el apoyo del C5, que ha colaborado en el análisis del tránsito y recorrido realizado.
Finalmente, el 24 de enero de 2026 se logró la autorización y ejecución de una orden de aprehensión en el estado de Morelos, con el apoyo de autoridades estatales y federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Marina. Alfredo “N”, detenido en ese operativo, es primo hermano de una de las víctimas y, de acuerdo con las primeras indagatorias, el móvil del crimen estaría relacionado con conflictos por préstamos económicos entre familiares.
La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará trabajando con rigor técnico, pleno respeto a la legalidad, a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia, hasta lograr que todos los responsables enfrenten la justicia, y aseguró que conforme avance la investigación se dará a conocer mayor información a la sociedad.
