• La indagatoria federal alcanza a figuras del entorno político de Baja California y coloca a un legislador en el centro de un nuevo escándalo para el partido oficialista.
Ciudad de México, 26 de enero de 2026.– La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación que involucra al senador de Morena, Armando Ayala Robles, por presuntos vínculos con una estructura criminal dedicada a la extorsión y el lavado de dinero en Baja California, de acuerdo con información publicada en la columna Bajo Reserva de El Universal.
El caso representa un nuevo golpe político para Morena, al colocar nuevamente a uno de sus legisladores bajo el escrutinio de autoridades federales por supuestos nexos con el crimen organizado, en un contexto de alta sensibilidad política y de seguridad a nivel nacional.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia anónima, se centra en una red que habría operado con la participación de funcionarios públicos y actores políticos, con posibles conexiones con el grupo criminal conocido como “Los Rusos”, una facción del Cártel de Sinaloa que opera en el noroeste del país.
De acuerdo con reportes periodísticos de N+, la indagatoria señala como figura clave a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien presuntamente habría encabezado una red integrada por funcionarios aduanales, municipales y del ámbito fiscal estatal.
Según la información difundida, la investigación se originó tras una denuncia presentada el 11 de junio de 2025, semanas después de que autoridades de Estados Unidos revocaran la visa de Torres Torres en mayo del mismo año. El expediente describe un supuesto esquema mediante el cual se habrían recibido pagos mensuales de hasta 150 mil dólares para permitir la operación del grupo criminal en la entidad.
El presunto modus operandi incluiría extorsiones en aduanas, mediante la retención de mercancías para exigir pagos millonarios, recursos que posteriormente habrían sido canalizados a inversiones inmobiliarias en el extranjero. La estructura también contaría, según la carpeta de investigación, con el apoyo de Luis Alfonso Torres Torres, hermano del exfuncionario, quien presuntamente habría participado en el blanqueo de recursos a través de empresas y financiamiento de campañas políticas.
En este contexto, el nombre del senador Armando Ayala Robles aparece como uno de los actores políticos señalados dentro de la investigación, junto con el secretario de Gobierno de Tijuana, Arnulfo Guerrero León. Ambos habrían sido citados a comparecer ante la FGR para rendir declaración y aclarar su posible participación en la red bajo investigación.
Hasta el momento, no se ha informado de imputaciones formales, y las autoridades federales mantienen el caso en etapa de integración, por lo que los señalados conservan la presunción de inocencia. No obstante, el tema ha generado repercusiones políticas relevantes.
Este expediente se suma a otros casos que, a lo largo de 2025, han golpeado la imagen del partido en el poder, con señalamientos públicos contra diversos actores de la llamada Cuarta Transformación por presuntos vínculos con grupos criminales, entre ellos el del coordinador de senadores, Adán Augusto López, y el de la diputada Araceli Brown Figueredo, mencionados en investigaciones y reportes periodísticos previos.
