Que a nadie le cause sorpresa —ni escándalo fingido— que cualquier intento de alianza con el PRI se negocie en la Ciudad de México. Menos aún debería sorprender a quienes hoy se sienten posiblemente “desplazados” o “agraviados”, cuando fueron precisamente ellos quienes avalaron, con su voto y su silencio, que el poder real del partido se concentrara en el centro.
En ese contexto, trascendió la reunión entre el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y el senador priísta Pablo Angulo, encuentro en el que se habría abordado una posible alianza rumbo a la gubernatura de Michoacán en 2027. Trascendido que, hasta ahora, no fue desmentido por el edil capitalino.
Tras ello, el dirigente estatal del PRI en Michoacán salió a fijar postura y advirtió que Alfonso Martínez habría cometido un “error político” al intentar construir acuerdos “desde arriba”, sin respeto —dijo— a la militancia local ni a la dirigencia formal del partido.
“Podrá reunirse las veces que sea con los actores políticos nacionales que quiera, pero la decisión se toma aquí, no se va a tomar allá”, subrayó en una entrevista publicada por Quadratin.
Y es aquí donde conviene poner las cosas en su justa dimensión.
A quienes hoy se sienten sorprendidos convendría recordarles que, gracias a sus propios votos, los acuerdos con las dirigencias estatales DEJARON DE SER NECESARIOS en el PRI. Basta remontarse a las Asambleas Nacionales de diciembre de 2022 y julio de 2024, cuando se aprobaron reformas estatutarias que consolidaron —sin matices— las facultades del dirigente nacional, al grado de permitirle a Alejandro “Alito” Moreno, pasar por encima de cualquier comité estatal, liderazgo local o militante incómodo.
Dicho en términos simples, para que no haya confusión:
Desde la Reforma de 2022, le aprobaron a Alito que solo la dirigencia nacional tenga la potestad de negociar coaliciones, lo que obligaba a los dirigentes locales (como el de Michoacán) a alinearse con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para asegurar su postulación bajo una alianza nacional.
También levantando su mano, se “reformó”, para establecer de darle a Moreno Cárdenas la facultad de acordar, negociar y suscribir convenios de coalición o alianzas, y que estas recae exclusivamente en la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Esto quiere decir que Ningún Comité Directivo Estatal puede decidir ir en alianza con otro partido (como el PAN, MC, Verde o PRD) por su cuenta. Si la dirigencia nacional no firma el convenio, la alianza local no existe legalmente.
Alejandro “Alito” Moreno tiene hoy la facultad de aprobar convocatorias, pues la sanción final para los procesos de selección de candidatos a gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos y diputaciones federales recae en la dirigencia nacional.
No solo eso. También puede vetar, atraer o sustituir candidaturas bajo el amplio y flexible argumento de la “estrategia política”. En la práctica, esto le otorga control total sobre la integración final de planillas municipales, incluyendo regidores y síndicos.
Además, las reformas “aprobadas” otorgaron al Consejo Político Nacional la capacidad de definir el método de selección para casi todos los cargos de elección popular, eliminando de facto la autonomía de los Comités Directivos Estatales para decidir sus procesos sin el aval del centro.
Así que, en los hechos, lo que hizo Alfonso Martínez fue a NEGOCIAR con un representante de quien hoy ES EL DUEÑO y tiene las llaves del negocio.
Porque, legalmente y políticamente, carece de sentido construir acuerdos locales si, llegado el momento de la verdad, una sola decisión desde la dirigencia nacional puede tirarlos a la basura.
Podrá gustar o no. Podrá incomodar a quienes aún simulan que mandan en lo local. Pero la realidad es contundente: en una eventual alianza, la decisión sí se toma allá, no aquí.
Gracias a los votos que le dieron a su propio verdugo… ¡Alito Moreno!
- Autor: TonyMichoacán
