- La iniciativa propone seguridad federal obligatoria para ediles amenazados, endurecimiento penal y cambios de fondo al Código Penal y a reglas electorales.
Morelia, Michoacán; sábado 13 de diciembre de 2025. El diputado local Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán la iniciativa denominada Ley Manzo, un paquete de reformas que busca frenar los ataques contra presidentas y presidentes municipales, fortalecer la seguridad institucional y castigar con mayor severidad los crímenes cometidos contra autoridades locales, con penas de hasta 65 años de prisión.
La propuesta fue expuesta desde la máxima tribuna legislativa como respuesta al incremento de agresiones contra ediles en la entidad y, en particular, como un marco legal urgente para cerrar espacios de impunidad frente al crimen organizado y sus redes de apoyo.
En su intervención, Bautista Tafolla explicó que la Ley Manzo no se limita a reforzar esquemas de seguridad, sino que plantea modificaciones de alcance estructural, incluyendo reformas al Código Penal, medidas de coordinación federal y ajustes a normas electorales para ampliar la participación ciudadana.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la protección obligatoria con seguridad federal para presidentes municipales que acrediten amenazas del crimen organizado, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo. A la par, propone trámites más accesibles para el ejercicio de la legítima defensa, mediante un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para simplificar y flexibilizar los procedimientos para la posesión legal de armas en el domicilio.
La Ley Manzo también plantea que en delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro, violación y delincuencia organizada, la sanción sea proporcional al daño causado, sin importar la edad del responsable. En ese sentido, el legislador señaló que la iniciativa contempla que padres o tutores respondan con la reparación del daño, con el objetivo de evitar que las víctimas queden en estado de indefensión.
Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la tipificación del homicidio contra presidentas y presidentes municipales, con penas que van de 35 a 65 años de prisión en Michoacán. Asimismo, se propone imponer penas de 10 a 20 años de cárcel a familiares o personas con vínculo afectivo que oculten, protejan o impidan la detención de un delincuente, bajo el argumento de que encubrir a un responsable implica participar en el delito.
La iniciativa incluye, además, el endurecimiento de sanciones por falsificar o utilizar apariencia oficial. Se establecen penas de 15 a 25 años de prisión para quien fabrique, distribuya o venda insignias o uniformes falsos de corporaciones de seguridad pública, y de 25 a 40 años para quienes los usen o empleen vehículos balizados para cometer delitos.
En materia de transparencia y procuración de justicia, la Ley Manzo propone que la Fiscalía General del Estado rinda informes públicos mensuales sobre los avances en las investigaciones por homicidios de alcaldes, con el objetivo de evitar el rezago o archivo de las carpetas. También plantea reducir requisitos para las candidaturas independientes, ampliando plazos para la obtención de financiamiento y respaldo ciudadano.
La iniciativa lleva el nombre de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante las festividades del Día de Muertos. De acuerdo con las investigaciones, el atacante se acercó al edil cuando éste se tomaba fotografías con asistentes en el centro de la ciudad. Ese mismo día fueron detenidas dos personas relacionadas con el hecho, mientras que el agresor material perdió la vida durante el ataque.
La Fiscalía General del Estado informó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue identificado como el autor material del homicidio y fue abatido por la policía la noche de los hechos. Posteriormente fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como presunto autor intelectual y cabecilla de la célula delictiva que organizó el atentado. Además, siete escoltas del presidente municipal fueron detenidos y vinculados a proceso por la forma en que actuaron durante el ataque.
Tras el asesinato de Manzo, el Congreso del Estado designó por unanimidad a Grecia Itzel Quiroz García, esposa del edil, como alcaldesa sustituta de Uruapan, mientras que el Movimiento del Sombrero ha manifestado su intención de impulsarla políticamente hacia el proceso electoral de 2030.
Para Bautista Tafolla, el homicidio de Carlos Manzo fue el detonante para impulsar un marco legal más estricto que garantice la protección de las autoridades municipales y establezca castigos ejemplares para quienes atenten contra ellas, en un contexto de creciente violencia contra gobiernos locales en Michoacán.
