• La comunidad acusa omisión de autoridades estatales y federales y demanda que el caso sea atraído por la Federación.
Chilchota, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.
La comunidad purépecha de Santa María Tacuro se declaró en alerta máxima tras el asesinato de dos de sus comuneros, Leovigildo Molina Elías y Agustín Martínez Rojas, un hecho que calificaron como un “cobarde ataque” y una grave agresión a sus derechos colectivos. Mediante un pronunciamiento público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de Seguridad federal, Homar García Harfush, exigieron una intervención urgente ante lo que consideran una situación crítica de seguridad.
La comunidad expuso que el doble homicidio ocurre en medio de un conflicto que —afirman— era plenamente conocido por autoridades estatales y federales. En el documento responsabilizan por omisión al Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, así como a diversas figuras estatales, entre ellas Elizabeth Álvarez Garibay, Jonathan Molina Álvarez, Rogelio Canales Ascensio y José Eduardo Gregorio Lázaro. También señalan al fiscal estatal Carlos Torres Piña y al Consejo Supremo Indígena de Michoacán por su presunta pasividad ante un “ataque sistemático” que, aseguran, la comunidad viene enfrentando desde meses atrás.
De acuerdo con los comuneros, la falta de acción institucional ha incrementado el riesgo en la zona y ha abonado a un clima de impunidad. Por ello, demandan que el caso sea atraído directamente por el secretario de Seguridad federal, con una investigación “imparcial, profesional y con resultados efectivos”, al considerar que no existen condiciones de confianza hacia las autoridades locales.
La comunidad pide castigo para los responsables materiales e intelectuales del crimen y la implementación de medidas urgentes para restablecer la seguridad en Santa María Tacuro. El pronunciamiento, firmado por autoridades civiles y tradicionales, concluye con un mensaje contundente: “¡Basta de impunidad! Exigimos justicia”.
