- La Comisión detecta ejecuciones extrajudiciales y exige acciones legales y capacitaciones sobre uso legítimo de la fuerza
26 de octubre de 2025 | Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP Zac), tras acreditar el uso ilegítimo de la fuerza que derivó en la muerte de 14 personas durante un operativo realizado el 12 de octubre de 2020 en la comunidad de Nueva Alianza, municipio de Calera, Zacatecas.
Según la investigación del organismo, los reportes oficiales presentaban inconsistencias frente a pruebas periciales y testimoniales, que evidencian que la fuerza letal utilizada no respetó los principios de legalidad, necesidad ni proporcionalidad. La CNDH determinó que las acciones de los elementos militares y estatales constituyeron violaciones graves a los derechos humanos a la vida y a la integridad personal.
Las autoridades involucradas alegaron que los fallecidos estaban armados y habían atacado previamente a policías estatales, motivo por el cual se solicitó apoyo del Ejército. Sin embargo, la Comisión constató que varios civiles fueron sometidos, golpeados y ejecutados, mientras que otros recibieron disparos por la espalda, contradiciendo la versión oficial.
La recomendación solicita que Sedena y la SSP Zac colaboren con la Carpeta de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y gestionen la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, además de brindar atención psicológica a los familiares. También se ordena la presentación de denuncias administrativas ante los órganos internos de control para investigar a los elementos involucrados.
Asimismo, se instruyó impartir capacitaciones sobre la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, con énfasis en el empleo legítimo de armas de fuego, dirigidas al personal de la Policía Estatal Preventiva y del 52/o Batallón de Infantería en Guadalupe, Zacatecas. La CNDH subrayó que este caso evidencia la urgencia de reforzar la rendición de cuentas en operativos conjuntos y garantizar que las fuerzas armadas respeten los protocolos internacionales de derechos humanos.
Con información de El Universal
