La reforma impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum avanzó con respaldo de la mayoría oficialista y críticas por simulación de apertura democrática.
Ciudad de México, lunes 13 de octubre de 2025.— Las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de cuestionamientos por no haber incorporado ninguna de las observaciones hechas por especialistas durante las audiencias públicas. El dictamen fue avalado con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero, y será turnado al Pleno este martes para su votación definitiva.
Durante la discusión, la mayoría oficialista eliminó únicamente el artículo transitorio sobre retroactividad, considerado inconstitucional, sin modificar el resto del documento. La decisión desató críticas de la oposición, que acusó falta de diálogo y transparencia en el proceso legislativo.
La diputada Iraís Virginia Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la aprobación como “una simulación”, al señalar que las audiencias se convocaron con poca anticipación y que el dictamen “no cambió ni una coma”. En la misma línea, Eva María Vázquez, del PAN, reprochó que la bancada de Morena “rompió acuerdos” y fingió apertura democrática.
Desde el oficialismo, la morenista Olga Sánchez Cordero pidió realizar correcciones técnicas, recordando que el interés legítimo debe ser determinado por los jueces caso por caso, no por disposición legal. En contraste, Hugo Eric Flores, también de Morena, defendió la iniciativa al afirmar que el amparo “se convirtió en una caja de pandora usada por los poderosos para dañar el interés colectivo”, y aseguró que el objetivo de la reforma es “devolver al amparo su carácter social”.
Por su parte, el priista Jericó Abramo acusó al bloque mayoritario de “echar a la basura la lucha democrática” y advirtió que el proyecto representa “un retroceso hacia el totalitarismo de los años 60 y 70”.
La reforma será discutida este martes en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé su aprobación por mayoría, pese a los reclamos de especialistas y legisladores que acusan una regresión en materia de derechos y control judicial.
