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sábado, marzo 7, 2026

“¿Cuál suficiencia y soberanía alimentaria? ¡El campo está abandonado!”: productores michoacanos

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Ejidatarios de Penjamillo, Maravatío, Huetamo y otras regiones advierten que la política del Gobierno Federal ha dejado al campo sin créditos, fertilizantes suficientes ni precios de garantía justos.

Morelia, Michoacán, a martes 7 de octubre de 2025.– “El campo está abandonado. No tenemos créditos, no tenemos seguro ni apoyo a la comercialización de nuestros productos”, denunció Francisco Aguiñiga Ramírez, ejidatario de La Tepuza, municipio de Penjamillo, quien habló en representación de más de 700 productores de distintas zonas del estado.

El agricultor acusó que las políticas del Gobierno Federal están dejando en el olvido al sector agrícola, pues no existen programas sólidos de financiamiento ni condiciones que garanticen la producción y venta del maíz, cultivo del que dependen miles de familias en Michoacán. Aguiñiga Ramírez señaló que la situación se agrava ante la entrega insuficiente de fertilizantes, muchos de ellos de baja calidad, y la ausencia de seguros agrícolas o créditos que permitan sostener las cosechas.

El ejidatario explicó que la propuesta de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) de establecer precios de garantía resulta insuficiente, ya que no contempla la compra total de la producción. “En Michoacán somos 120 mil productores y sembramos maíz para consumo humano en 445 mil hectáreas, eso nos coloca en el cuarto lugar nacional de producción, sólo después de Guanajuato, pero Segalmex no va a comprar toda la producción, sólo una parte”, afirmó.

Aguiñiga agregó que, en promedio, los productores apenas reciben 500 kilos de fertilizante sin subsidio y con baja calidad, lo que los obliga a recurrir al mercado privado con precios mucho más altos. Sin acceso a créditos ni programas de apoyo, dijo, el campo michoacano enfrenta un panorama incierto y cada vez más desigual frente a otros sectores económicos.

Los ejidatarios hicieron un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para replantear las políticas públicas hacia el campo, fortalecer los esquemas de financiamiento y garantizar condiciones justas para quienes producen los alimentos del país.

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