La iniciativa abre debate: ¿defensa contra ciberacoso o censura a la crítica política?
Ciudad de México, lunes 9 de septiembre de 2025.- El diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para sancionar con hasta nueve años de prisión a quienes utilicen inteligencia artificial para generar imágenes, audios o videos que “ridiculicen” o dañen la reputación de funcionarios públicos. La propuesta ha desatado polémica por el riesgo de convertirse en un mecanismo de censura contra la crítica política y el humor en redes sociales.
El legislador planteó reformas al Código Penal Federal para incorporar los artículos 211 Bis 8 y 9, que tipifican como delito la difusión de contenidos digitales manipulados con IA con fines de burla o descrédito. Según el texto, si la víctima es un servidor público en funciones, la pena se incrementaría hasta en una mitad.
🇲🇽 Claudia Sheinbaum agrede a su diputado Armando Corona Arvizu que intentaba sacarse una selfie con ella. pic.twitter.com/AeUkGOSDrJ
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 2, 2024
Si bien México enfrenta un panorama complejo en materia de violencia digital —con casi 19 millones de personas que reportaron ciberacoso en 2024 y un crecimiento de 220% en fraudes con IA en los últimos dos años, de acuerdo con el INEGI—, especialistas advierten que la iniciativa carece de salvaguardas para proteger la libertad de expresión. No se contemplan excepciones para la parodia, la sátira o la crítica política, herramientas históricas del periodismo y el humor social.
El riesgo, señalan analistas, es que cualquier caricatura, cartón de prensa, sticker o meme pueda ser considerado delito bajo la interpretación de un político ofendido. Esto podría generar un efecto inhibidor entre usuarios y comunicadores, quienes evitarían expresarse por temor a sanciones penales.
En un país donde el humor ha sido parte central de la vida política, criminalizar la ridiculización digital podría significar un retroceso en materia de libertad de expresión y de derecho a la crítica, abriendo un debate urgente sobre hasta dónde debe llegar la regulación de la inteligencia artificial sin convertirse en un blindaje para los funcionarios públicos.
