- La ministra con la plantilla más grande del máximo tribunal genera cuestionamientos sobre la austeridad y manejo de recursos públicos.
Morelia, Michoacán; 30 de septiembre de 2025. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha generado polémica por contar con 78 asesores en su ponencia, cuyo costo mensual supera los 5 millones de pesos, encendiendo el debate sobre la coherencia de su discurso de austeridad con la práctica en el máximo tribunal del país.
Una investigación de Político Mx, señala que Lenia Batres, autodenominada “ministra del Pueblo”, se coloca como la integrante del máximo tribunal con mayor número de personal bajo su cargo, superando incluso al ministro Arístides Guerrero, quien tiene 69 colaboradores, y al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, cuya ponencia cuenta con 60 integrantes.
De acuerdo con datos del portal de la SCJN, los 78 colaboradores de Batres reciben un salario neto total de 3 millones 721 mil pesos mensuales, que suman un bruto de más de 5 millones antes de impuestos. Entre ellos destacan Netzaí Sandoval Ballesteros, secretario de Estudio y Cuenta Coordinador de Ponencia y hermano de la exfuncionaria Irma Eréndira Sandoval, con un ingreso neto de 119 mil 741 pesos mensuales, y los asesores Jesús Adalid Mayorga y Eduardo Francisco Murillo Torres, cada uno con 86 mil 448 pesos netos al mes.
La ponencia de Batres incluye secretarios auxiliares, profesionales operativos, técnicos y asistentes de gestión, todos con prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales, seguros de gastos médicos mayores y estímulos por antigüedad. Por su parte, la ministra recibe un sueldo neto mensual de 128 mil 992 pesos, más prestaciones y seguros, en contraste con su discurso constante de austeridad en el gobierno de Morena y la Cuarta Transformación.
El caso de Batres se suma a los recientes escándalos que rodean a la nueva Corte, a pesar de que la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometía una transformación profunda del Poder Judicial. La combinación de altos salarios y amplia plantilla de colaboradores ha despertado críticas sobre la congruencia de la administración de la SCJN con los principios de austeridad que ha defendido el actual gobierno federal.
