- Una de las compañías que le transfirió recursos fue señalada por el SAT como empresa fantasma.
Ciudad de México, lunes 9 de septiembre de 2025.- Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y actual senador de la República, recibió entre 2023 y 2024 un total de 79 millones de pesos de empresas privadas que no reportó en sus declaraciones patrimoniales, de acuerdo con una investigación de la Unidad de N+Focus. La información plantea un nuevo frente de escrutinio público sobre uno de los personajes más influyentes de la política nacional y fundador de Morena.
Los documentos fiscales obtenidos muestran que López Hernández recibió pagos millonarios por concepto de “Servicios Profesionales” en su paso de funcionario federal a precandidato presidencial, coordinador de campaña y, finalmente, legislador. Parte de esos recursos provinieron de compañías contratistas de su gobierno en Tabasco, otras vinculadas con familiares suyos y una más identificada por el SAT como empresa fantasma.
Entre noviembre y diciembre de 2023, las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte transfirieron 8.9 y 11.5 millones de pesos, respectivamente. GH Servicios ha sido señalada como fantasma por el SAT y registró el mismo correo electrónico que Adán Augusto y su hermano, Melchor López Hernández. En 2024, la misma compañía volvió a pagarle 2.8 millones de pesos antes de que el SAT suspendiera su sello digital por irregularidades fiscales.
Otro ingreso no declarado en 2024 corresponde a 18.8 millones de pesos transferidos por Capital Cargo del Golfo, compañía beneficiada con contratos por adjudicación directa durante su gubernatura en Tabasco. En contraste, en su declaración patrimonial de 2023 ante la Secretaría de la Función Pública reportó apenas 7 millones de pesos, cuando las pruebas fiscales muestran ingresos de al menos 22 millones. Al año siguiente declaró ante el SAT 58.1 millones, pero en su informe patrimonial como senador solo reportó 625 mil 793 pesos.
La legislación mexicana establece que la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública.
